Una jueza federal de California ordenó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos deje de amenazar o presionar a funcionarios electorales para que suspendan el procesamiento de votos, en medio de una disputa con la administración del presidente Donald Trump por las boletas presuntamente emitidas por personas sin ciudadanía estadounidense.La jueza Trina Thompson, del Distrito Norte de California, emitió una orden de restricción temporal que también prohíbe al gobierno federal exigir a las autoridades locales que separen o dejen de contar boletas que considera sospechosas de haber sido emitidas ilegalmente.La resolución llegó un día después de que el Departamento de Justicia enviara cartas a funcionarios electorales de los 50 estados, con advertencias sobre posibles procesos penales y penas de prisión si incumplían sus obligaciones de conservar los registros electorales.Qué establece la orden judicial contra el gobierno de TrumpThompson sostuvo que las amenazas y los intentos de intimidación colocan a los trabajadores electorales ante una disyuntiva: cumplir las exigencias del gobierno federal o respetar sus obligaciones legales y exponerse a posibles investigaciones penales.La medida responde a una demanda presentada por sindicatos y organizaciones de derechos civiles, que cuestionaron las presiones ejercidas sobre los responsables del procesamiento de votos.El fallo se suma a otra decisión judicial emitida el viernes, cuando un tribunal federal de apelaciones rechazó una solicitud del Departamento de Justicia para separar determinadas boletas recibidas en California.La administración Trump sostiene que el estado envió boletas a unas 20.000 personas que podrían no ser ciudadanas estadounidenses. Las autoridades californianas cuestionan la fiabilidad de esa lista y advierten que podría incluir a numerosos ciudadanos habilitados para votar.La disputa por las boletas electorales en CaliforniaUn panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó, por dos votos contra uno, la solicitud federal de apartar las boletas mientras se verificaba la ciudadanía de sus destinatarios.Los magistrados advirtieron que identificar y separar esos votos podría provocar consecuencias graves para el sistema electoral y afectar el derecho al sufragio de ciudadanos estadounidenses.Según informó Associated Press, investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles determinaron que más del 40% de los nombres incluidos en la lista cuestionada por la administración Trump ni siquiera aparecían en los registros electorales estatales.El Departamento de Justicia defendió sus actuaciones y recordó que la legislación federal prohíbe votar a personas sin ciudadanía estadounidense.Millones de californianos ya participaron de la votación anticipada y cientos de miles de boletas fueron procesadas. Las autoridades electorales explicaron que, una vez contabilizados, esos votos no pueden vincularse nuevamente con las personas que los emitieron.La orden judicial busca garantizar que el procesamiento electoral continúe sin presiones indebidas antes de los comicios del martes 3 de noviembre.
Un juez federal frenó al gobierno de Trump y prohibió amenazar a funcionarios electorales por el conteo de votos
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