Texas recibe casi 34 millones de dólares en un acuerdo con AstraZeneca: lo confirmó Ken Paxton en un comunicado oficial

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, logró un acuerdo por casi 34 millones de dólares con el laboratorio AstraZeneca para resolver las acusaciones de que la compañía habría participado en un esquema ilegal de sobornos que influyó en las recetas pagadas por el sistema Medicaid.Desde que fue electo como fiscal estatal en 2014, Paxton ha labrado parte de su carrera como procurador en demandas de alto perfil, especialmente contra supuestos intentos de fraude de parte de las compañías farmacéuticas o en detrimento de los programas de asistencia médica federal. “No permitiré que las grandes farmacéuticas malgasten el dinero de los contribuyentes para anteponer las ganancias a la salud de los texanos”, declaró en un comunicado. Paxton, que compite por el cargo de senador estatal contra el demócrata James Talarico, también inició acciones legales contra otras farmacéuticas, como Eli Lilly y Sanofi-Aventis.¿Cuáles son las acusaciones contra AstraZeneca?Basándose en la Ley de Prevención del Fraude en Programas de Atención Médica (THFPA, por sus siglas en inglés), Ken Paxton alegó que AstraZeneca proporcionaba servicios de enfermería gratuitos y apoyo para el reembolso a los médicos que prescribían sus medicamentos y que pagaba para que realizaran recomendaciones.Los incentivos, asegura Paxton, habían sido diseñados para orientar a los proveedores de salud hacia la prescripción de medicamentos de AstraZeneca. En muchos casos, estas recetas estaban cubiertas por Medicaid, lo que resultó en reclamaciones millonarias al sistema de salud de Texas.Ahora, en virtud del acuerdo, AstraZeneca pagará $33.998.000 para resolver las reclamaciones del Estado y compensar a los contribuyentes por el uso indebido de su dinero.La cruzada de Paxton contra otras farmacéuticasEn un caso similar, Paxton había demandado a Eli Lilly. Los acusó de sobornar a profesionales médicos para que recetaran sus medicamentos más rentables, como Mounjaro y Zepbound, que se utilizan para la pérdida de peso y el tratamiento de la diabetes.Para aumentar sus ganancias, la fiscalía alegó que el laboratorio ofrecía incentivos ilegales a los médicos. En muchos casos, estas recetas estaban cubiertas por Medicaid. “Eli Lilly buscó de manera fraudulenta maximizar sus ganancias a costa de los contribuyentes y antepuso la avaricia corporativa al cuidado de la salud”, asegura Paxton.Otra demanda de este tipo es la presentada contra el laboratorio Sanofi-Aventis, que también habría tratado de sobornar a los médicos mediante incentivos para lograr que prescribieran sus productos. Paxton denuncia que Sanofi creó un Programa de Enfermeras Gratuitas y un Programa de Servicios de Apoyo, servicios que constituían una remuneración en especie para los profesionales, en violación de la THFPA, la ley estatal de Texas diseñada para combatir el fraude.“Como algunos de los medicamentos que elabora Sanofi se utilizan para tratar enfermedades crónicas, estos sobornos han generado ingresos para el laboratorio durante años, incluso cuando los remedios recetados no eran la mejor opción para el paciente”, afirma el fiscal general.En el caso de Sanofi, el fiscal exigió una indemnización superior a $1.000.000, incluyendo sanciones civiles, y una orden judicial para detener cualquier acto ilícito futuro.