Una mujer denunció que el humo de marihuana de su vecino invadía su departamento en Georgia: qué resolvió la Justicia

Durante casi dos años, Bridget Francis tuvo que soportar el humo de marihuana que le llegaba desde un apartamento vecino, en un complejo residencial de Georgia. Las normas del contrato de alquiler eran claras porque estaba prohibido fumar. Ella demandó a los dueños de la propiedad, pero dos tribunales rechazaron sus argumentos.El conflicto comenzó en octubre de 2022 en los apartamentos Lakeside Vista, de Kennesaw, donde Francis, además de residente, trabajaba como consultora de arrendamiento. A partir de esa fecha, un inquilino que vivía en el apartamento contiguo fumaba cannabis de manera frecuente y el humo llegaba a la vivienda de Francis, lo que le provocaba dificultades para respirar.Entonces, informó a las empresas gestoras de la propiedad de este comportamiento que, aseguraba, iba en contra de las disposiciones del contrato de alquiler que, debido a su labor como consultora, conocía perfectamente.Como sus reclamos fueron ignorados, en julio de 2024, decidió recurrir a la justicia para demandar a Fairfield Residential y al Sistema de Jubilación de Maestros de California (CalSTRS) porque, sostenía, eran propietarios del complejo.Cambio de foco judicialEn lugar de tratar el fondo de la cuestión, es decir si era ilegal o no la actitud del vecino, el caso tomó otro rumbo y tuvo como centro el Sistema de Jubilación de Maestros de California. La mujer lo había incluido en su demanda porque decía que tenía una participación mayoritaria en Fairfield Residential. Por lo tanto, aseguraba, podía ser objeto del reclamo judicial.Pero el fondo de pensiones impugnó el argumento y dijo que era una agencia pública de California y que, por lo tanto, no podía ser demandada. Para ello, sus abogados recurrieron al principio de inmunidad soberana, que protege a los organismos gubernamentales de ciertas demandas a menos que la ley permita que tales casos procedan.Entonces, la perjudicada presentó información sobre las políticas de inversión del fondo de pensiones, pero el documento no identificaba a Fairfield Residential. El tribunal de primera instancia aceptó el argumento del fondo y desestimó las demandas en su contra. Francis impugnó la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia.De nuevo, el caso giraba en torno a si Francis había presentado pruebas suficientes para interponer una demanda contra el fondo de pensiones. Los jueces determinaron que el fondo no era parte del contrato de alquiler. Esto resultaba fundamental porque la mujer debía demostrar por qué el fondo podría ser considerado responsable en virtud del contrato, en lugar de simplemente señalar su supuesta conexión con el negocio inmobiliario.En su fallo del 19 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones de Georgia coincidió en que Francis carecía de una base legal para proceder contra el fondo de pensiones. De esta manera, confirmaron el fallo del tribunal de Georgia, aunque dicen que necesita de algunas correcciones.