La Justicia le dio un nuevo revés a un municipio bonaerense por el cobro de las tasas viales. En un fallo de segunda instancia, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín declaró desierto el recurso presentado por Daireaux y confirmó la sentencia que había dado la razón, en distintos aspectos, a un grupo de productores que cuestionó el tributo por el mantenimiento de los caminos rurales. En un fallo de primera instancia una productora había logrado la nulidad del cobro al no contar con un acceso de camino en condiciones. En el sector destacaron que la resolución, dictada el 20 de octubre pasado, representa un nuevo respaldo a los reclamos del productor y podría convertirse en un antecedente relevante para otras demandas que avanzan en la provincia.El expediente “Cornejo, Pedro José y otros c/ Municipalidad de Daireaux s/ Pretensión Anulatoria” llegó a la Cámara luego de que, en marzo de 2026, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen anulara total o parcialmente el cobro de la tasa vial, según la situación de cada establecimiento.El planteo de fondo es si los municipios pueden cobrar el tributo cuando no acreditan que prestan el servicio ni que destinan los recursos a ese fin. La Cámara ratificó que el Estado debe demostrar la contraprestación y una relación razonable entre lo recaudado y lo invertido.El estado actual del camino rural que conduce a la escuela Santa Rita y conecta con la Ruta del Cereal y Salazar, en el partido bonaerense de Daireaux; ambos accesos se encuentran cortadosGza.Jorge Moroni, abogado que patrocina a los productores, explicó a LA NACION que el caso se inició varios años antes de llegar a los tribunales. “Estos juicios son de los pioneros de Daireaux que, en 2022, con el patrocinio de Juan Pedro Merbilhaa, iniciaron el cuestionamiento administrativo de las tasas, considerándolas caras y señalando que no se veían reflejadas en los caminos rurales”, contó. Tras agotar esa instancia sin obtener una respuesta favorable, a fines de 2023 comenzaron la vía judicial.La causa tuvo como elementos centrales dos peritajes: uno de ingeniería, que evaluó el estado de la red vial, y otro contable, que examinó el destino de los fondos municipales. Según detalló Moroni, el informe técnico determinó que el 96% de los caminos relevados estaba en estado regular o malo, mientras que la auditoría contable detectó irregularidades en la aplicación de los recursos.El actual deterioro de otro camino rural que conecta la zona de Don Carlos, El Choclo y otros establecimientos con la ruta del cereal, en el partido bonaerense de DaireauxEn la sentencia de primera instancia, el juez Pablo Cristian Germain examinó, entre otros elementos, las diferencias entre los ingresos obtenidos por la tasa y los gastos destinados al servicio. Para 2022, el fallo identificó una desproporción del 22,95%, mientras que para 2023 llegó al 27,88%. También evaluó las condiciones de acceso de cada establecimiento, porque la situación de los caminos no era igual para todos los demandantes.A partir de esas pruebas, el magistrado dispuso la nulidad total del cobro para una de las productoras, al considerar que no contaba con un camino de acceso en condiciones que permitieran recibir la prestación. Para otros demandantes, la resolución estableció una nulidad parcial y ordenó reliquidar los importes correspondientes. Otro tramo del camino rural que conduce a la escuela Santa Rita, en el partido bonaerense de Daireaux, muestra el deterioro de la red vialEl municipio de Daireaux apeló el pronunciamiento y cuestionó distintos aspectos del razonamiento judicial. Sin embargo, la Cámara consideró que los argumentos no reunían los requisitos necesarios para habilitar la revisión de la sentencia y declaró desierto el recurso. También desestimó los planteos de los productores contra algunos aspectos de la decisión de primera instancia.Para Moroni, la resolución tiene especial importancia porque ratifica criterios que pueden incidir en otros litigios por tasas rurales: “Todos los argumentos que había utilizado la Municipalidad para apelar la sentencia fueron desechados. La Cámara entendió que no eran suficientes para conmover el fallo de primera instancia”.Uno de los puntos centrales es la carga de la prueba. El abogado destacó que el tribunal ratificó que no es el productor quien debe demostrar que el municipio no mantiene los caminos, sino que corresponde al Estado acreditar que efectivamente presta el servicio. En los considerandos, la Cámara recordó la doctrina del fallo “Quilpe” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señaló que esa obligación no supone exigir una demostración imposible ni un detalle de cada trabajo realizado.Otro aspecto relevante es el estándar de acceso a los establecimientos. La sentencia sostuvo que, para que el cobro de la tasa sea constitucionalmente válido, debe acreditarse que el servicio reúne “al menos, mínimos requisitos de eficacia”. En ese sentido, consideró necesario que exista, como mínimo, un camino en condiciones razonables que permita llegar al inmueble y retirar la producción. La evaluación debe realizarse sobre la situación concreta de cada parcela, sin exigir que todos los caminos de la red tengan idénticas condiciones.La resolución también abordó el destino de los recursos. Frente al argumento municipal de que los ingresos podían administrarse mediante el sistema presupuestario de “unidad de caja”, la Cámara recordó que “los ingresos atribuibles a una tasa no son de libre disponibilidad”. Según el tribunal, aceptar que el dinero recaudado por un servicio divisible financie otras actividades municipales desnaturalizaría la obligación tributaria.El fallo ratificó que los fondos deben guardar una relación razonable con el costo del servicio que justifica el cobro. No alcanza con que exista una ordenanza que establezca una tasa: el municipio debe poder demostrar que los recursos se aplican a la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales. La sentencia también avaló que esa relación pueda examinarse mediante peritajes contables y técnicos.Para el letrado, este criterio puede tener consecuencias concretas para las administraciones locales. “Toda desproporción entre lo que el municipio recauda y lo que efectivamente invierte termina siendo ilegítima”, explicó. Según su interpretación, si una pericia demuestra que parte de los recursos se destinó a otros gastos, ese desvío debe considerarse al determinar el monto exigible de la tasa.DisputaEl fallo llega en un contexto de creciente judicialización de los reclamos por tasas municipales en el interior bonaerense. Según Moroni, el primer pronunciamiento de Daireaux impulsó a otros productores a iniciar demandas similares. Por eso, considera que los criterios ratificados por la Cámara pueden tener influencia en los expedientes que tramitan en la región bajo su jurisdicción, aunque cada causa deberá resolverse de acuerdo con sus propias pruebas.La disputa, sin embargo, todavía podría continuar. Moroni señaló que tanto el municipio como los productores presentaron recursos extraordinarios contra la resolución. La intendencia busca una revisión del fallo, mientras que la parte actora cuestiona la interpretación de las pruebas respecto de dos establecimientos. Aunque la Justicia consideró que tenían una salida razonable, para llegar a la ruta debían atravesar el campo de otro demandante que no contaba con acceso propio. Para el abogado, “hubo una interpretación equivocada de la prueba y de la geolocalización de los caminos rurales”.Por Mariana Reinke
Tasas viales: la Justicia le puso límites a un municipio bonaerense por cobrar sin una contraprestación comprobada
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