Se hizo pasar por juez federal para acceder a información policial secreta y ahora investigan un posible vínculo con el narcotráfico

Durante varios meses, un hombre de 34 años intentó hacerse pasar por distintas autoridades judiciales para conseguir acceso a información reservada de las fuerzas de seguridad. Creó direcciones de correo electrónico falsas, utilizó identidades inexistentes y hasta presentó documentación con una supuesta firma de la jueza federal María Servini. La maniobra terminó cuando funcionarios del Servicio Penitenciario Federal detectaron irregularidades en sus solicitudes. El sospechoso fue detenido en Rosario y ahora los investigadores buscan determinar si actuaba por cuenta propia o si detrás de sus gestiones había una organización vinculada con el narcotráfico.El caso adquirió una dimensión mayor por la naturaleza de la información que pretendía conseguir. Su objetivo era ingresar al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una plataforma que concentra datos sobre medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos, entre ellas pedidos de captura. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el acusado nunca consiguió las credenciales que solicitaba.El hombre fue identificado por Rosario3 como Cristian Martínez, residente del barrio de Fisherton, donde fue detenido el 29 de septiembre. La Justicia federal le atribuyó los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó que permanezca bajo prisión preventiva durante 90 días.La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari y del auxiliar fiscal Ignacio Falconi, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Ambos reconstruyeron una sucesión de comunicaciones enviadas entre noviembre de 2024 y julio de 2025 al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal.El error que dejó al descubierto al impostorLa primera maniobra documentada ocurrió el 5 de noviembre de 2024. Desde una dirección electrónica que aparentaba pertenecer al Poder Judicial, el acusado solicitó al Ministerio de Seguridad las claves de acceso al Sifcop. El mensaje llevaba la firma de Julio Andrés Herrera, presentado como juez federal, aunque no existía ningún magistrado con esa identidad.La respuesta oficial no fue la que esperaba. Le indicaron que debía canalizar el pedido a través de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema. Lejos de abandonar el intento, dos semanas después envió una nueva comunicación desde otra dirección que imitaba el dominio utilizado por el máximo tribunal. Esta vez se presentó como responsable del área correspondiente.La estrategia cambió en julio de 2025. El sospechoso creó desde su domicilio una nueva cuenta electrónica que simulaba pertenecer a un juzgado federal y comenzó a intercambiar mensajes con el Servicio Penitenciario. Alegó la existencia de una investigación penal relacionada con el manejo irregular de información confidencial y volvió a reclamar acceso a la plataforma policial.El 3 de julio remitió dos correos con documentación adjunta que supuestamente llevaba la firma de María Servini. Pero la falsificación contenía una equivocación: presentaba a la magistrada como titular de un juzgado que no estaba bajo su responsabilidad. Según explicó Reynares Solari a LT8, había invocado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, cuando Servini estaba a cargo del N°1.El intercambio continuó durante varios días. Los funcionarios penitenciarios solicitaron aclaraciones y documentación adicional para verificar la identidad de quien reclamaba las claves. Las inconsistencias terminaron por motivar una denuncia que permitió reconstruir el origen de las comunicaciones.Una investigación que apunta más allá del detenidoLos investigadores lograron vincular las direcciones electrónicas con el sospechoso mediante información obtenida de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. De acuerdo con Rosario3, la pesquisa incluyó requerimientos a Google, Telecom y Mercado Libre, que contribuyeron a identificar al usuario detrás de las cuentas falsas.Pero la investigación también abrió interrogantes sobre la actividad económica del acusado. Aunque no registraba ingresos declarados ni estaba inscripto como monotributista, sus cuentas bancarias habían recibido $41 millones durante 2024, otros $34 millones en el primer semestre de 2025 y $49 millones en 2026. En el allanamiento también se encontró una placa falsa de la Policía Federal.Estos elementos alimentan una hipótesis que todavía no fue acreditada judicialmente: que el hombre pudiera haber obtenido beneficios económicos mediante el suministro de información reservada o que actuara para terceros. Una fuente de la investigación consultada por Rosario3 sostuvo que los investigadores sospechan que trabajaba para otra persona cuya identidad aún no habían podido establecer.A su vez, según informó La Capital de Rosario, la fiscalía analiza posibles conexiones del acusado con personas relacionadas con investigaciones contra Julio Rodríguez Granthon, conocido como El Peruano, un expiloto de avión nacido en Perú que recibió condenas por narcotráfico que superan los 30 años de prisión. Por el momento, no se informó de una vinculación judicialmente comprobada entre el detenido y esa organización.El fiscal Reynares Solari advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido una filtración de esa información en una ciudad atravesada por investigaciones contra organizaciones criminales. En declaraciones a LT8, recogidas por La Capital, subrayó que el acceso ilegal a bases de datos vinculadas con la persecución penal representa un riesgo particularmente grave en Rosario, donde distintas investigaciones determinaron que personas detenidas continuaban organizando delitos desde prisión.Antecedentes por falsificación de documentosEl expediente también reveló que el acusado ya había tenido problemas con la Justicia por maniobras de falsificación. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, registraba una suspensión del juicio a prueba dispuesta el 17 de junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, en una causa por falsificación de documento público.Según detalló Reynares Solari a La Capital, el hombre tampoco poseía título de abogado, aunque estaba vinculado con actividades relacionadas con el ámbito jurídico. El fiscal mencionó además antecedentes por la confección de certificados médicos que acreditaban vacunaciones que no se habían realizado.La investigación continúa abierta para determinar qué pretendía hacer con la información, si existieron otros intentos de obtener datos reservados y si actuaba siguiendo instrucciones de terceros. Por ahora, la Justicia considera acreditados los elementos suficientes para mantenerlo detenido preventivamente, mientras los fiscales avanzan sobre una pregunta que sigue sin respuesta: quién habría podido beneficiarse con el acceso a esa base de datos.