El juez Fabián Lorenzini, que tiene el caso de la quiebra de Algodonera Avellaneda, empresa ligada a miembros de la familia Vicentin, ordenó la suspensión gradual y ordenada de la actividad en las distintas unidades de la compañía. Además, se declararon extinguidos los contratos de 243 trabajadores, que quedan en situación de desempleo. Podrán pedir los sueldos e indemnizaciones pendientes y acceder al fondo de desempleo.La decisión del magistrado sobrevino luego de que la Sindicatura del caso aconsejara el cierre de las distintas actividades porque hay pérdidas, es inviable, y los contratos a fasón no son suficientes para hacer pagos. Las unidades involucradas son la hilandería de Reconquista, Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco). Desde la Justicia se aclaró que no se trata de un cierre definitivo. Los activos están en venta y por ello serán conservados.Para tener dimensión de la situación actual, según se explicó desde la Justicia, en la hilandería ingresan unos $425 millones por mes mientras los costos trepan a $1239 millones. Se detalló un déficit mensual que oscila de entre $565 y $815 millones, en particular por la energía. Vale recordar que la Empresa Provincial de la Energía intimó el pago de más de $4600 millones bajo apercibimiento de cortar el suministro.La empresa tiene un fuerte déficitAlgodonera Avellaneda“La medida que se adopta no es el cierre definitivo de los establecimientos, sino la suspensión gradual y paulatina de sus actividades. Se concluirán los procesos productivos en curso, no ingresará nueva materia prima y se seguirá la secuencia de cierre ordenado propuesta por la Sindicatura. Las plantas quedarán bajo un régimen de conservación y custodia que preserve su valor como unidades productivas, aptas para ser reactivadas por quien las adquiera en el proceso de venta en trámite (Resolución N° 634)“, señaló el magistrado. Señaló que el objetivo es dejar de generar pérdidas mientras se busca un comprador. Noticia en desarrollo
Quiebra de Algodonera Avellaneda: la Justicia ordenó una suspensión gradual de actividades y extinguió los contratos de 243 empleados
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