Con un ánimo de “enorme preocupación”, directivos del sector de la medicina prepaga dijeron estar analizando los efectos concretos del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70) que, en diciembre de 2023, dispusieron la liberación de las subas de cuotas de los planes de salud. Y, a la vez que se mantienen expectantes respecto de qué se hará desde el Gobierno, manifestaron, en un comunicado de la Unión Argentina de Salud (UAS) -que reúne a diferentes asociaciones de entidades del sector-, que consideran fundamental que haya un diálogo en busca de un consenso que los involucre como actores del sistema de salud. Desde el Gobierno, en tanto, no respondieron a las consultas de LA NACION respecto de cuáles serán los pasos a seguir tras la sentencia. En el fallo sobre la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical”, los jueces supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz confirmaron el cuestionamiento -dispuesto en una instancia judicial inferior- a los artículos 267 y 269 del DNU. Lo hicieron argumentando no haber encontrado una justificación para que el Poder Ejecutivo modificara de urgencia una ley, en lugar de enviar un proyecto al Congreso de la Nación. El DNU, concretamente, reformó la ley 26.682, eliminando las disposiciones sobre la intervención estatal para la definición de los precios de los planes de salud.Respecto del alcance de la sentencia, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a este medio que el efecto es solo para la persona que hizo la demanda en cuestión. Es decir, no obliga al Gobierno a volver a establecer un mecanismo de regulación de precios que implique que las prepagas no puedan subir las cuotas sin autorización expresa. Aunque de alguna manera sí lo insta a hacerlo, al sentar un antecedente por el cual otros usuarios podrían hacer sus reclamos. Fuentes judiciales, de hecho, señalaron que en la propia Corte ya hay “cientos de casos similares”, que tendrán igual resolución que el que se consideró hoy.La preocupación en las prepagas es, por un lado, por los posibles efectos económicos en un contexto en el que -afirman los directivos- las cuotas tienen un retraso de 18% respecto de la inflación, si se considera el período de enero de 2012 a octubre de 2026. Es una brecha que se fue recortando, justamente, a partir de la vigencia del DNU 70. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70 que eliminaron la regla de intervención del Estado para definir los precios de las prepagasLUIS ROBAYO - AFP“Si se le pone un límite artificial a los precios, indefectiblemente sufren la calidad y el acceso al servicio”, señalaron directivos de una prepaga, consultados por LA NACION. Dadas las obligaciones prestacionales, agregaron, “la salud privada en la Argentina es una cadena de valor que no puede subsistir con esquemas de control de precios que no reconozcan el impacto de las nuevas tecnologías; la alternativa para que los costos se moderen pasa porque el Estado arbitre y separe la demanda de servicios de salud, que tiende a ser infinita, de la real necesidad.” De lo contrario, sostuvieron, con demandas permanentes de nuevas coberturas, “es imposible lograr un equilibrio financiero”, ya sea que el financiador sea una prepaga, una obra social sindical o el propio Estado.Por otro lado, en el sector entienden que se afecta la “previsibilidad” normativa. Desde mediados de 2024, luego del conflicto entre las prepagas y el propio gobierno desregulador, las cuotas suben todos los meses en porcentajes cercanos a la inflación medida por el Indec.Reglas sosteniblesEl comunicado de la UAS expresa el “respeto por las decisiones adoptadas por las instituciones de la República” y, a la vez, sostiene que “la planificación asistencial, las inversiones en infraestructura y tecnología, la incorporación de innovación y la formación de recursos humanos especializados requieren reglas claras y sostenibles en el tiempo”. En el sector advierten sobre los costos crecientes de las prestaciones de saludPhotographer: Dragos CondreaEl escrito recuerda que en las últimas décadas el sistema de salud fue afrontando “crecientes obligaciones de cobertura, mayores exigencias regulatorias y una sostenida incorporación de prestaciones de alta complejidad, en un contexto de fuertes tensiones económicas y financieras que afectan a prestadores y financiadores”. Replicando así una vieja advertencia de la actividad, recuerda que las regulaciones respecto de los servicios a prestar van sumando costos sin la contrapartida de un mayor financiamiento. “La UAS reafirma su vocación de colaboración institucional y su compromiso con la construcción de un sistema de salud sostenible, previsible y centrado en las personas”, dice el comunicado.En línea con la letra del propio fallo de la Corte, se espera ahora que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (el tribunal que emitió la sentencia previa a la de la Corte) dicte un nuevo fallo, que podría aclarar los alcances de lo dispuesto.El artículo 17 de la ley 26.682, de regulación de las prepagas, estableció en su momento que la autoridad de aplicación de la norma, por la Superintendencia de Servicios de Salud, fiscalizaría y garantizaría la razonabilidad de las cuotas y autorizaría los aumentos según las variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgos. Eso fue eliminado por el DNU 70, y es esa derogación la cuestión ahora declarada inconstitucional. Al caer aquella disposición sobre la intervención estatal en los precios, las prepagas quedaron liberadas para definir sus precios, aunque sí siguió la obligación de notificarlos a los asociados con una determinada anticipación. Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS)Tadeo BourbonMientras rigió la regulación, si bien la ley hablaba de aumentos autorizados en función de las estructuras de costos, “en la práctica, la autoridad de aplicación terminó estableciendo porcentajes generales de aumento para todo el mercado, sin contemplar suficientemente las diferencias existentes entre las distintas empresas y sus planes”, según dijo a LA NACION Hugo Magonza, presidente de la UAS. El directivo agregó: “Si consideramos que hay unas 700 empresas, con un promedio de diez planes cada una, estaríamos hablando de unas 7000 determinaciones de precios por mes. Si se pretendiera analizar individualmente la situación económica y actuarial de cada plan, eso sería materialmente imposible”.En el promedio, estimó Magonza, hay un retraso de las cuotas frente a la inflación de 18%, considerando 2012 como punto de partida y tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero el costo de la atención médica creció más que el promedio general de precios. Si se tomara esa referencia, “nuestras estimaciones ubican la diferencia entre el 45% y el 47%”.“En este contexto, una decisión judicial que reabre la discusión sobre las cuotas puede desencadenar una nueva ola de litigiosidad, con consecuencias económicas potencialmente multimillonarias”, analizó, y agregó que es preocupante que se tomen decisiones parciales, sin considerar, por ejemplo, las crecientes obligaciones prestacionales sin la contrapartida de mayores recursos. Desregulación y conflictoEn relación con los precios del sector de la salud, el DNU 70 derogó, por un lado, el inciso g del artículo 5, que le otorgaba a la Superintendencia la función de autorizar y revisar los valores de las cuotas. Y eliminó la parte del artículo 17 que especificaba que la autoridad de aplicación debía validar los aumentos.Si bien la ley de prepagas es de 2011, durante años no se fijó un mecanismo para el reajuste de las cuotas que, de todas formas, no estaban liberadas. En 2022, y luego de la etapa de la pandemia de Covid-19, durante la cual los precios estuvieron varios meses congelados, se aprobó un Índice de Costos de Salud, cuya variación definió durante un año y medio los porcentajes máximos de las subas que podían aplicar las prepagas, y también los reajustes mínimos que esas entidades financiadoras debían trasladar a los prestadores de servicios. Ese mecanismo nunca conformó a las empresas, aunque les dio una regularidad a las subas que antes no tenían.Según el consultor en temas de salud Patricio Pasman, “los cambios permanentes de las reglas de juego, lamentablemente, afectan en este caso a un sector que contrata mucho empleo privado registrado”. Agregó que “no es clara cuál es la consecuencia hacia atrás, ya que el fallo aplica solo a ese caso” y consideró que “hacia adelante, podría reincorporarse el Índice de Costos de Salud”, usado antes del DNU. La entrada en vigencia del DNU 70 en lo referido a las prepagas fue conflictiva. Cuando se aprobó la norma, en diciembre de 2023, las entidades llevaban un largo período advirtiendo sobre el retraso de las cuotas frente al alza de costos. El efecto inmediato de la liberación fue una suba que acumuló alrededor de 150%, en promedio, solo en los primeros cuatro meses de 2024. Y eso fue, principalmente, lo que generó los juicios. El aumento de mayor magnitud fue el de enero, aunque la reacción del Gobierno para intentar poner un freno llegó recién en abril, cuando se habían generado fuertes repercusiones negativas.Con la acusación de una supuesta cartelización para definir las alzas y a partir de un pedido de investigación hecho por referentes de la Coalición Cívica, el tema derivó en un conflicto entre el Gobierno autor de la desregulación y las prepagas, que se cerró con un acuerdo en el ámbito judicial, que incluyó una suspensión temporal de la parte del decreto referida a esta cuestión. Desde julio de 2024 rige sin más la regla del DNU, es decir, la libertad de precios. Por Silvia Stang
Qué podría pasar tras el fallo de la Corte Suprema sobre las cuotas de las prepagas y cuál fue la reacción del sector
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