Procesaron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia, con prisión domiciliaria

Ariel Vallejo, el financista cercano al titular de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y dueño de Sur Finanzas, fue procesado por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El flamante juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, convirtió la detención que habí dispuesto sobre él en prisión domiciliaria con control de tobillera electrónica, que deberá cumplir en el una casa del barrio Fincas de San Vicente. Lo embargó por 40.000 millones de pesos.El juez también procesó a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, por los mismos delitos que su hijo -excepto en la dirección de la asociación ilícita- y el mismo monto del embargo. Además, fueron procesados María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Sánchez, Sergio Da Silveira, Juan Ramón Cervín, Rolando Soloaga, Micaela Sánchez, Susana Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Ledesma, Juan Miguel Soloer, Cecilia Fioretti y César Abilio Zapaia.Rodríguez Ponte también procesó a las empresas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones de Concordia S.R.L., Ars Cambios, Roma Inversiones S.A., Neocam, Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A., todas con embargos multimillonarios.Además, mantuvo el secuestro con fines de decomiso y el embargo preventivo sobre 35 autos y motos de alta gama, y trece inmuebles de las personas y sociedades imputadas en el caso, pidió tasar el equipamiento médico secuestrado en distintos allanamientos, embargar los créditos con garantía hipotecaria de los que es acreedor Ariel Vallejo y pedir a Mercado Libre que informe los saldos de las cuentas de Vallejo y los transfiera a la cuenta judicial de custodia.Desde su prisión domiciliaria, Vallejo tiene prohibido comunicarse con los demás imputados, con los testigos, empleados, dependientes, contadores y colaboradores de las sociedades del grupo. Sólo podrá hacerlo, "y por razones humanitarias", con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo. Desde luego, en el country donde cumplirá la prisión con su tobillera, el financista amigo de Chiqui Tapia tampoco podrá realizar actividades comerciales o financieras.La estructura para lavar millonesSegún la acusación, la organización ilícita funcionó durante más de cinco años, con cambios en las sociedades que la integraban. Ariel Vallejo fue la cabeza del grupo, con control de empresas y bienes.Debajo de él, participaron varias personas y sociedades con funciones definidas en la gestión de fondos y decisiones. Su madre, Sena Argis y Carrozza ejercieron cargos directivos y de control en distintas sociedades, movieron fondos ilícitos y auspiciaron operaciones. Otros, como contadores y empleados, colaboraron en facilitar la circulación de dinero y el borrado de registros.Según el procesamiento, que acepta el pedido que la fiscal Cecilia Incardona había firmado el jueves, Vallejo y sus cómplices transferían ganancias ilícitas a cuentas y bienes, justificando con documentación falsificada.Se realizaron compras de inmuebles, vehículos de lujo y equipos con fondos en efectivo y operaciones simuladas. Se usaron testaferros y registraciones falsas para ocultar la verdadera propiedad y el origen de fondos. La fiscal detectó altas masivas de cuentas de usuario, muchas con patrones seriados y conexiones compartidas. Las empresas Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Finanzas Group evadieron impuestos y ocultaron ingresos desde 2022 a 2025. Se detectaron omisiones en declaraciones, registro de fondos y pagos de impuestos por millones de pesos.El juez Rodríguez Ponte basó su resolución en la información recogida en registros societarios, secuencias de llamadas, chats y extracción forense del contenido de los teléfonos secuestrados, que fueron manipulados y borrados antes de los allanamientos.Se acreditó que gran parte de los fondos provino de actividad cambiaria y operaciones en exceso de límites legales. Los informes que recogió la fiscalía revelan declaraciones falsas, omisiones y diferencias en ingresos y operaciones bancarias. Se omitieron percepciones del impuesto sobre créditos y movimientos en cuentas, con declaración falsa de aportes.Luego de los allanamientos se ocultaron bienes muebles, retiraron fondos y se borraron registros digitalizados. Es decir que la estructura operativa que movía dinero ilícito continuó haciéndolo aún después de las investigaciones judiciales.