Piden cerrar las tres plantas de una importante algodonera y desvincular a 243 empleados

Piden cerrar las tres plantas de una importante algodonera y desvincular a 243 empleados

La situación de Algodonera Avellaneda SA, la empresa textil vinculada a la familia Vicentin cuya quiebra fue declarada en octubre pasado, se agravó en los últimos días. La Sindicatura que administra la firma presentó un informe ante la Justicia en el que recomendó el cierre de sus tres plantas industriales y la desvinculación de 243 trabajadores, al considerar que ya no existen condiciones económicas para mantener la producción. Según advirtió, los ingresos apenas alcanzan para pagar los salarios, mientras que los costos de electricidad, insumos y servicios provocan pérdidas mensuales de hasta $814,7 millones solo en la hilandería de Reconquista, Santa Fe.El planteo fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien deberá resolver si autoriza la continuidad de las operaciones o dispone el cese de las actividades. La recomendación comprende la hilandería de Reconquista y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco.La empresa había sido declarada en quiebra el 14 de octubre pasado, luego de que fracasaran las negociaciones con los acreedores y no se presentaran interesados en el proceso de salvataje. En ese momento, la Justicia permitió que las plantas continuaran con sus actividades de manera transitoria, con la intención de preservar los puestos de trabajo y facilitar la venta de los establecimientos en funcionamiento.Sin embargo, la sindicatura, integrada por María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, cambió su posición después de analizar los costos de producción y las posibilidades de sostener las operaciones.La Sindicatura pidió a la Justicia el cierre de las tres plantas industriales de la empresa, al considerar que mantener la producción genera pérdidas millonariasAlgodonera Avellaneda“El dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida”, señalaron en el documento. Explicaron que los ingresos provenientes de los contratos de fasón, mediante los cuales la compañía procesa materia prima de otras empresas, no alcanzan para afrontar los gastos necesarios para producir.En el caso de la hilandería de Reconquista, el informe detalla que los ingresos mensuales ascienden a unos $424,8 millones, mientras que los costos pueden alcanzar los $1239,5 millones. De ese total, aproximadamente $354,5 millones corresponden a salarios y cargas sociales, y entre $533 millones y $782,5 millones a electricidad. A esos gastos se suman los insumos, el mantenimiento y otros servicios.“Los fasones sólo cubren salarios”, advirtieron los síndicos. Según explicaron, la electricidad representa el principal problema económico de la planta, ya que su costo mensual supera incluso los ingresos que obtiene la empresa por los trabajos que realiza.La situación se agrava por las deudas acumuladas con la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), que el 20 de octubre intimó a la compañía a pagar $4603,9 millones bajo advertencia de suspender el suministro. El informe también señala que el saldo exigible informado por la distribuidora al 9 de octubre superaba los $9281 millones.Para intentar sostener la actividad, la Sindicatura propuso a las empresas que contratan los servicios industriales, Insumos XXI y Sir Cotton, aumentar las tarifas o hacerse cargo del costo eléctrico correspondiente a sus encargos. Sin embargo, ambas alternativas fueron rechazadas.“Cada día de continuación genera gastos del concurso que se pagan con preferencia y que, en definitiva, soporta la masa de acreedores, empezando por los propios trabajadores”, advirtieron los responsables de la sindicatura.En las desmotadoras de Bandera y General Pinedo, la situación tampoco permite sostener la actividad. La campaña de desmote terminó en octubre y la próxima comenzará con el ingreso del algodón de la cosecha 2027. Hasta entonces, las plantas no generan ingresos propios y sus gastos se cubrían con anticipos de Vicentin correspondientes a trabajos futuros. Para la Sindicatura, ese mecanismo también implica acumular nuevas obligaciones que la empresa podría no estar en condiciones de cumplir.Uno de los aspectos más delicados del pedido es su impacto sobre el empleo. Según el informe, la medida alcanzaría a 243 trabajadores: 204 en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo.La sindicatura solicitó que, una vez finalizados los trabajos que están en marcha, se extingan los contratos laborales por causa de la quiebra. También pidió que se adopten las medidas necesarias para que los empleados puedan acceder a las prestaciones por desempleo y reclamar el cobro de sus créditos laborales.La medida podría afectar a 243 trabajadores de las plantas de Reconquista, Bandera y General Pinedo, mientras la Justicia avanza con la venta de los activos de la compañíaEl planteo contempla mantener una dotación mínima en cada establecimiento para tareas de vigilancia, mantenimiento, prevención de incendios y entrega de mercadería perteneciente a terceros. El objetivo es conservar las instalaciones en condiciones hasta que se concrete su venta.“El cese de la explotación no implica el abandono de las plantas”, aclararon los síndicos, quienes remarcaron que los establecimientos cuentan con maquinaria e instalaciones industriales de alto valor que deben preservarse.La recomendación se conoce mientras la Justicia avanza con el proceso de venta de los activos de Algodonera Avellaneda. El objetivo es encontrar compradores para las unidades productivas y evitar que la maquinaria y los inmuebles deban venderse por separado.En ese sentido, la Sindicatura aclaró que la interrupción de las actividades no significa abandonar la posibilidad de vender las plantas como establecimientos industriales completos, que podrían volver a producir bajo una nueva administración.

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