Pena capital, vestigio de soberanía absoluta y de venganza pre-moderna

La pena capital, más que una venganza llevada al cenit, es un vestigio del carácter absoluto de la soberanía de aquellos estados que aspiran a controlar territorios geográficos y cuerpos humanos como si fueran de una misma pasta.El poder necesita alimentarse constantemente de esa pretensión para reafirmar su dominio. Con cada ejecución, el Estado exhibe de manera contundente no solo su monopolio de la violencia, sino la existencia de una espada de Damocles permanente que alimenta el clima de terror entre ciudadanos.No es casual que el aumento descomunal de las ejecuciones en 2025 - el número más alto registrado por Amnistía Internacional desde 1981- haya coincidido con el avance de las formas más represivas de autoritarismo. El Estado que más ha recurrido a esta práctica bárbara ha sido probablemente la República Islámica de Irán (la cautela es obligada, ya que los datos de China son secretos), seguida, en las cifras oficiales, por Arabia Saudita.Según Irán Human Rights, en 2025 se registró en el país una media de cuatro o cinco ejecuciones por día. A esta escalada se sumó, tal como confirmó Reuters en un espeluznante informe especial publicado el 8 de octubre, una sangrienta represión de las movilizaciones antigubernamentales ocurridas entre finales de 2025 y enero de 2026, con detenciones masivas y ejecuciones de manifestantes. La guerra actual contribuye a reforzar esta lógica represiva.Cuando la obediencia de los ciudadanos es consecuencia del miedo y no de la aprobación, el poder del Estado se apoya en frágiles pilares: cada ejecución parece evidenciar la falta de legitimidad más que la fuerza de un Estado ya que, como es bien sabido, un dominio es tanto más sólido cuanto menos necesita exhibir su rostro violento.De ahí, el profundo conflicto entre la pena de muerte y la democracia. Por eso es que la persistencia de la pena capital en Estados Unidos no deja de sorprendernos: el mismo Estado que castiga a quien quita una vida reivindica para sí el derecho a hacerlo. No es casual que las autoridades públicas de ese país, tanto a nivel federal como estatal — pues de los estados depende la mayoría de las ejecuciones—, hayan intentado, con avances y retrocesos, abolir esta pena inhumana o suspender su aplicación mediante moratorias.Sin embargo, era de esperar que Trump revirtiera este camino, ya que su modo de gobernar se basa en una demostración constante de coerción y violencia bruta, en todos los ámbitos. Por eso, el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva para reactivar e intensificar la aplicación de la pena de muerte a nivel federal (Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety).Las primeras líneas del texto, que revelan el propósito de la norma, la definen como "un instrumento esencial para disuadir a quienes pudieran cometer los crímenes más atroces y perpetrar actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses, y para castigarlos".A continuación, se traza su exótica genealogía: "Antes, durante y después de la fundación de los Estados Unidos, nuestras ciudades, estados y país han recurrido continuamente a la pena capital como el máximo elemento disuasorio y el único castigo adecuado para los crímenes más abyectos. Los fundadores de nuestra nación sabían bien que solo la pena capital puede hacer justicia y restablecer el orden frente a semejante maldad. Por estas y otras razones, la pena capital sigue contando con un amplio apoyo popular".Se trata de una visión muy singular de la historia y de la función pedagógica de un gobierno preocupado por la seguridad pública.La historia relatada en el decreto, siempre igual a sí misma, contradice las interpretaciones más clásicas, que identifican la pacificación del espacio social y la interiorización individual del control de las pasiones más violentas como algunos de los hitos fundamentales del llamado proceso de "civilización", presente en (casi) todas las latitudes.El sinsentido de la función pedagógica que el Estado atribuye a la pena capital reside en que con esa se pretende neutralizar la sed de venganza de los allegados a la víctima del crimen, avivando en realidad sus pasiones funestas; asimismo, la pena estimula la sed de venganza de los partidarios del condenado, especialmente en caso de fanáticos.Tampoco un gobierno puede esperar de restablecer un presumido orden social originario mediante una operación contable que borre una muerte (o más) con otra. Finalmente, el valor disuasorio de la pena capital es muy discutible. Como recordaba el jurista Umberto Allegretti, recién fallecido, hombre de pasión y de bien, no nos abstenemos de matar a nuestra madre por miedo a la pena de muerte, sino por la ley moral que nos habita. Y, si esa ley moral no nos habitara, tampoco la pena bastaría para contener nuestra furia.Ante semejantes contradicciones, la sola idea de que un secretario de Defensa pueda siquiera concebir la retransmisión de una ejecución por streaming, tal como hizo Pete Hegseth hace poco, parece rebasar los límites de lo pensable y alcanzar cotas de horror inauditas.En el pasado, grupos terroristas ya habían recurrido a este tipo de exhibición de la muerte, dejando tras de sí una imborrable huella de degradación de lo humano. Hoy son pocos los países que todavía llevan a cabo ejecuciones públicas: Irán y Afganistán, por ejemplo. La iniciativa estadounidense, ahora aparentemente retirada, habría supuesto una sintonía tan inquietante como irónica con ellos.