Oficial y confirmado | ICE destina 16,7 millones de dólares para la compra de 6.000 pares de guantes de descarga eléctrica

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) oficializó la adjudicación de un contrato sin licitación por 16,7 millones de dólares para adquirir 6.000 guantes con capacidad de emitir descargas eléctricas. La medida, orientada a someter a detenidos que muestren resistencia activa o pasiva, busca desplegar una nueva opción de menor impacto en arrestos civiles, traslados y contención de disturbios.Tecnología al contacto y justificación oficialEl equipamiento adjudicado a la firma Compliant Technologies LLC corresponde al modelo GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter), cuyo costo unitario asciende a 2.495 dólares dentro de un acuerdo de seis meses que abarca repuestos y servicios de apoyo. El dispositivo opera como un guante convencional hasta que el agente presiona un botón de activación; al entrar en contacto directo con la piel del individuo, administra una descarga eléctrica dolorosa diseñada para forzar el sometimiento inmediato.ICE will be spending upwards of $20M for "Shock Gloves" to help de-escalate confrontations with illegal immigrants, according to the AP.The "G.L.O.V.E." is manufactured by Compliant Technologies LLC, based in Kentucky."70% of officers killed with firearms are shot within 10… pic.twitter.com/UKUYnplUbu— Collin Rugg (@CollinRugg) August 13, 2026 Desde el ICE argumentan que la medida responde a niveles de violencia sin precedentes contra el personal de campo y persigue reducir la dependencia de la fuerza física bruta o la necesidad de recurrir a armas letales. Sin embargo, los documentos de adquisición no precisaron los protocolos específicos de entrenamiento ni los mecanismos de rendición de cuentas bajo los cuales se autorizará su uso.Rechazo en el Congreso y respuesta del GobiernoLa compra desató una inmediata ola de críticas por parte de defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas. Una comitiva liderada por la senadora Catherine Cortez Masto presentó una exigencia formal para revocar el contrato, advirtiendo sobre los riesgos médicos, la desproporción en detenciones administrativas y la falta de supervisión tras episodios recientes de uso excesivo de la fuerza por parte de la agencia.Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó de manera enfática los cuestionamientos. Portavoces de la entidad calificaron la oposición parlamentaria como un intento deliberado de desproteger a los agentes federales y reafirmaron que el personal recibirá la capacitación correspondiente para la aplicación segura de estos dispositivos en operativos de deportación y custodia.Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de ClarínQUIERO RECIBIRLOEstados UnidosICE