Una nueva resolución del Gobierno porteño que busca ordenar a las motos de delivery genera polémica y puso en alerta a las pizzerías de Buenos Aires. La medida, publicada en el Boletín Oficial porteño el 28 de octubre, define los lineamientos para ordenar la actividad de mensajería y delivery en la vía pública. Y para la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), la normativa establece una responsabilidad que los establecimientos no tienen por qué asumir y que, además, aseguran que debería recaer "sobre el Estado y las plataformas digitales".Uno de los principales argumentos de la asociación es que el ordenamiento del espacio público constituye una función propia e indelegable del Estado. En ese sentido, sostiene que si la Ciudad no logra controlar la ocupación irregular de las veredas "no puede trasladar esa obligación a los particulares". También advierte que ningún comercio tiene facultades para despejar una rampa, desplazar una moto o disponer de la vereda.La entidad remarca además que "los repartidores no son empleados de los locales gastronómicos: los comercios no los eligen, no los contratan ni tienen autoridad sobre ellos". Por eso, a través de un comunicado difundido este miércoles consideran improcedente que se les exija garantizar que esas personas no ocupen indebidamente el espacio público.Según APYCE, la alarma se enciende porque los lineamientos de la resolución contemplan la posibilidad de "atribuir responsabilidad a un establecimiento aun cuando no exista una relación laboral, contractual o comercial directa con el repartidor". Para la asociación, esto implica imponer una obligación de control quien "no tiene los medios para cumplirla y establecer una responsabilidad objetiva por hechos ajenos".Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a las plataformas digitales. Según APYCE, son esas empresas las que asignan los pedidos, establecen los tiempos, deciden cuándo enviar a los repartidores y determinan dónde deben esperar. Por lo tanto, entiende que las obligaciones vinculadas con la organización de esa operatoria deberían recaer sobre las aplicaciones y no sobre los comercios.La asociación también advierte que los locales gastronómicos son los primeros perjudicados por la concentración de motos y repartidores frente a sus puertas, ya que las veredas ocupadas dificultan el paso y alejan a los clientes que llegan caminando. En ese contexto, considera "inadmisible" que, además de sufrir las consecuencias del modelo de las plataformas, deban hacerse cargo de sus efectos sobre el espacio público.Qué dice la resoluciónLa Resolución 112/SECOU/26 fue dictada por la Secretaría de Ordenamiento Urbano porteña con el objetivo de establecer pautas para organizar el uso del espacio público por parte de los servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio que operan mediante plataformas digitales.Entre sus fundamentos, el Gobierno señala que el crecimiento del delivery modificó las modalidades de preparación, retiro, despacho y entrega de productos, y generó una mayor demanda de lugares para la detención momentánea de vehículos, la espera de pedidos y las operaciones de carga y descarga frente a los establecimientos comerciales.Según el diagnóstico oficial, cuando esas actividades no se organizan adecuadamente pueden producirse concentraciones de repartidores, bicicletas y motos en veredas y otros sectores de la vía pública. Esa situación, advierte, puede afectar la circulación peatonal, la accesibilidad universal y la seguridad vial.La resolución pone especial atención en la necesidad de mantener libres las aceras, rampas, vados, sendas peatonales, ochavas y otros espacios destinados a la circulación. También establece como principio general que las necesidades operativas de una actividad comercial deben resolverse dentro del establecimiento o mediante mecanismos compatibles con el uso común del espacio público, sin trasladar a las veredas las necesidades de espera, almacenamiento, despacho o logística.La norma establece que la Dirección General de Fiscalización será la autoridad encargada de controlar su cumplimiento. Cuando los inspectores detecten hechos que puedan constituir infracciones, "deberán dar intervención a las autoridades competentes o labrar las actas de comprobación correspondientes".Para APYCE, el problema radica en que la resolución hace responsable a los establecimientos de eventuales ocupaciones indebida del espacio público, y alertan sobre la posibilidad de que esta situación termine con sanciones y multas sobre las pizzerías y no sobre las apps.Con el crecimiento de estas pociones de pedidos a distancia, tanto pizzerías como otros locales gastronómicos dejaron de tener su propio sistema de delivery. Aunque, según advierten desde hace tiempo, con las aplicaciones enfrentan comisiones que en ocasiones llegan hasta el 30%.
Nueva polémica por las motos y bicicletas de delivery: la resolución de la Ciudad para ordenarlas y las pizzerías en alerta
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