Nisman: cómo es la danza de los espías "tortuga"

La investigación por el crimen del fiscal Alberto Nisman se empantana en la burocracia. Hace un año comenzó la etapa de tomarles declaración testimonial a 90 militares del área de Inteligencia y a más de 200 agentes PCI (Personal Civil de Inteligencia) que trabajan en distintos organismos de las fuerzas armadas, pero hasta ahora sólo declararon 20.¿Qué está pasando?Según fuentes judiciales, el trámite de citación oficial se hace eterno y lo que va y viene no son los testigos que tienen que declarar sino… los papeles.La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano elabora listas de espías para pedirle al Ministerio de Defensa que los exima del secreto que les exige la Ley Nacional de Inteligencia, para que puedan declarar sin restricciones acerca de todo lo que sepan sobre aquellos días en que Nisman denunció a la ex presidenta Cristina Kirchner y fue hallado cuatro días después con un balazo en la cabeza.El Ministerio recibe los nombres y, a su tiempo, los envía al Ejército para que opine si la información involucrada tiene “relevancia institucional”. El Ejército responde que sí la tiene y entonces Defensa la reenvía a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que el jefe del organismo en persona firme la autorización final.Luego la SIDE debe devolver su opinión a Defensa y de allí, finalmente, contestar a la fiscalía, donde entonces comienzan a citar a los testigos “aprobados”, uno por uno.El proceso de la primera tanda ha llevado “hasta seis meses”, según admite una fuente del Gobierno, y “casi un año”, según la fiscalía que investiga el caso.La segunda tanda tiene alrededor de 25 nombres y espera respuesta desde hace tres meses.El año pasado, el presidente Milei ordenó desclasificar los archivos secretos de las fuerzas de seguridad sobre el caso Nisman.Fue la primera vez que el organigrama de la estructura de inteligencia militar que conducía César Milani durante la presidencia de Cristina Kirchner llegó a la justicia.Sin embargo, la desclasificación se hizo puntualmente sobre lo que había pedido la fiscalía en ese momento.Ante cada nuevo pedido, hay que desclasificar otra vez.La llave del embudo la tiene el jefe de la SIDE, único autorizado por la ley para dar “conformidad expresa previa” sin la cual “no se podrá autorizar el acceso a dicha información”, según el Decreto 615/2024 sobre el Sistema de Inteligencia Nacional.Es un tapón institucional, pero también político.Algunos ven en esa demora exasperante del papelerío la sombra de la interna entre Karina Milei -a quien responde el ministro de Defensa, Carlos Presti- y Santiago Caputo, jefe político del jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.La hipótesis de la fiscalía es que el asesinato de Nisman se planeó y ejecutó desde algún sector de los servicios de inteligencia, en ese momento en guerra entre las fuertes internas de la SIDE y la inteligencia paralela del Ejército que conducía Milani y a la que Cristina puso en la práctica al frente del sistema de inteligencia nacional.Por esa hipótesis, la fiscalía de Taiano ya les tomó declaración a más de 60 ex espías de la SIDE, donde aparecieron datos precisos sobre agentes del Ejército. Eso es lo que se busca contrastar ahora.En las fuerzas armadas hay incomodidad por la situación: al principio del proceso, algunos de los testigos ya les hicieron saber a sus jefes que la citación podría ser leída como una “mancha” en sus legajos por futuros ascensos.“Por más que sólo sean declaraciones testimoniales y no estén imputados de nada, creen que aparecer citados por el caso Nisman los puede perjudicar en sus carreras”, describió una fuente que conoce la trastienda militar.Hay otra razón para la traba. “Si la identidad de algún agente se filtrara públicamente, podría haber juicios millonarios al Estado de quienes quedarían a la intemperie”, dice otra fuente del Gobierno.Esa cuestión -y el temor de los funcionarios a verse involucrados en causas judiciales- es otra de las razones para la danza interminable de los “espías tortuga”.