En medio de la polémica por Visec y las críticas de productores y algunas entidades rurales, el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, defendió la plataforma y cuestionó con dureza a quienes se oponen al sistema, a los que acusó de hacer “cuentas truchas” para “mentir y difamar”. Durante el encuentro de fin de año en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, también apuntó contra los exportadores, a quienes acusó de retener el 2,5% del dinero correspondiente a mercadería conforme durante 30 días, sin reconocer ajustes ni intereses; fustigó prácticas comerciales de la industria molinera y propuso crear un comité de ética para garantizar la transparencia del comercio de granos. Además, reclamó obras en la cuenca del Salado y mejoras en los caminos rurales.Durante su discurso, Rivara reivindicó el papel de los acopiadores en la cadena agroindustrial. “No somos simples intermediarios entre el productor y la industria o la exportación”, afirmó. Luego se refirió a Visec, la plataforma de trazabilidad desarrollada para cumplir con las exigencias de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, y defendió la decisión de la entidad de participar en el sistema.“El acopio, desde el primer día, se integró a la plataforma Visec”, señaló. La decisión respondió a la necesidad de conservar un mercado importante para la soja argentina, pese a las exigencias europeas que generan rechazo. “No nos podemos dar el lujo de perder un cliente importantísimo”, advirtió. Comparó esos requisitos con las certificaciones kosher y halal para exportar carne a determinados destinos. “Cada uno con su plata compra lo que quiere y cómo quiere”, expresó.Rivara apuntó contra los exportadores, a quienes acusó de retener el 2,5% del dinero de las operaciones durante 30 días, sin reconocer ajustes ni intereses.También rechazó los cuestionamientos por la información que deben proporcionar los productores. Sostuvo que muchos de esos datos ya circulan en el mercado a través de empresas privadas y mapas rurales. “Visec es gratis para toda la cadena. No es cierto que sea oneroso”, insistió. Además, aseguró que “no hay inspecciones ni auditorías presenciales” en los establecimientos y que la plataforma ya cuenta con más de seis millones de hectáreas habilitadas.Exportadores y molinosRivara cuestionó a los exportadores por retener el 2,5% del dinero correspondiente a mercadería conforme durante 30 días, sin reconocer ajustes ni intereses. “No hemos encontrado una explicación lógica, una sola”, afirmó. Cuestionó que se promueva el trabajo conjunto para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, pero que esa cooperación no se refleje en las condiciones comerciales. “Parece que para algunos el concepto de ‘nos salvamos todos’ ahí no aplica”, lanzó.Las críticas alcanzaron a la industria molinera. Denunció diferencias en los análisis de calidad del trigo que pueden derivar en descuentos o rechazos de mercadería y cuestionó la cláusula “análisis molino”, que, según sostuvo, impide recurrir a las cámaras arbitrales. “Se empezó a exigir la nefasta cláusula ‘análisis molino’, donde se negaba a los productores el derecho constitucional de recurrir a un árbitro”, afirmó. Como ejemplo, mencionó casos en los que el acopiador determina un valor de 0,40 de granos picados y el molino informa 0,80, con una penalización del 4%.Rivara también mencionó diferencias en los análisis de gluten. Según explicó, un trigo que tiene 26 puntos en un análisis de la Cámara Arbitral puede recibir una bonificación, pero si el molino determina que tiene 22, puede rechazarlo o aplicarle descuentos. “¿No puede estar equivocado el recibidor del molino?”, cuestionó. En ese sentido, reclamó que se respete el derecho a solicitar un análisis independiente y apuntó contra la industria: “No se puede ser informal en las compras y exigir formalidad en las ventas”.Frente a estas situaciones, propuso que las bolsas de cereales conformen un comité de ética y pidió mayor acompañamiento de las entidades rurales. “Si un acopiador le niega el derecho a un productor de recurrir a la Cámara Arbitral, ese acopio no dura dos minutos en la Federación de Acopiadores”, aseguró.El dirigente también cuestionó prácticas comerciales de la industria molinera y reclamó que productores y acopiadores puedan recurrir a las cámaras arbitrales ante diferencias en los análisis de calidad del trigoEl dirigente también reclamó mejoras en la infraestructura rural. Pidió que se complete el dragado del tramo 4.2 del río Salado y advirtió sobre las dificultades para retirar la producción cuando los caminos quedan intransitables. “Es increíble que todavía no se haya finalizado el dragado”, expresó. Además, cuestionó la creación de una comisión provincial para estudiar medidas ante El Niño, “como si El Niño fuera un fenómeno que va a llegar en cinco años”. Según indicó, en la cuenca del Salado se concentra el 75% del stock bovino provincial y se produce entre el 60% y el 70% de los granos bonaerenses.En materia legislativa, celebró la media sanción del proyecto de ley contra el vandalismo rural y reclamó una ley de buenas prácticas agropecuarias, que, según señaló, cuenta con el respaldo de más de 80 cámaras y entidades del sector. También pidió una reforma fiscal para eliminar impuestos distorsivos y defendió una nueva legislación sobre biocombustibles. “Los biocombustibles, más temprano que tarde, serán determinantes en la fijación de valores para la soja, el maíz y otros granos”, sostuvo.Por último, reclamó reglas comunes para todos los integrantes de la cadena. “Es imprescindible defender sin fisuras la claridad y transparencia en el comercio granario”, expresó, y pidió preservar el funcionamiento de las bolsas de cereales, las cámaras arbitrales y los mercados de futuros.
“Nefasta cláusula”: el presidente de Acopiadores fustigó prácticas de los molinos y también cuestionó a los exportadores
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