Mike Lee, senador republicano, bloquea un proyecto de ley que prohíbe a Trump demoler el Kennedy Center sin la aprobación del Congreso

Un intento bipartidista en el Senado de los Estados Unidos para proteger los monumentos presidenciales frente a posibles demoliciones unilaterales por parte del Ejecutivo quedó paralizado este lunes 28 de septiembre de 2026. El senador republicano por Utah, Mike Lee, presentó una objeción formal que impidió la aprobación por consentimiento unánime de la llamada Ley de Protección de Monumentos Presidenciales, liderada por los senadores Jeff Merkley (demócrata por Oregón) y Lisa Murkowski (republicana por Alaska).La propuesta legislativa cobró impulso tras las reiteradas advertencias del presidente Donald Trump sobre el posible derribo del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., en medio de una prolongada batalla judicial y administrativa por la gestión y denominación del recinto cultural.El debate en el pleno del SenadoEl procedimiento de consentimiento unánime buscaba acelerar la aprobación de la norma sin someterla al debate prolongado en comisiones. Merkley, quien preside junto a Murkowski el subcomité de Asignaciones Presupuestarias encargadas del financiamiento del Departamento del Interior y del Servicio de Parques Nacionales, argumentó que ninguna administración debe ostentar la facultad de alterar o destruir monumentos designados por el Congreso.Al fundamentar su bloqueo, el senador Mike Lee sostuvo que la iniciativa constituye una distracción partidista frente a las prioridades legislativas nacionales."Los demócratas deberían unirse a nosotros para reducir el costo de vida y garantizar la seguridad de las elecciones estadounidenses, en lugar de hacer perder el tiempo al Senado con alarmismo partidista que ni siquiera han intentado someter al proceso de comité correspondiente", declaró Lee.Tras el rechazo de la moción, Merkley y la representante Chellie Pingree (demócrata por Maine) confirmaron que reintroducirán el proyecto de ley por el trámite parlamentario ordinario en ambas cámaras durante la sesión del martes 29 de septiembre.Origen de la disputa: cambios de nombre y controversia presupuestariaEl conflicto institucional en torno al Centro Kennedy se remonta a la decisión de la Casa Blanca de reestructurar la junta directiva de la institución tras asumir el mandato. En diciembre pasado, el nuevo consejo votó a favor de cambiar la denominación oficial a "Centro Trump-Kennedy", iniciativa que fue suspendida por el juez federal de distrito Christopher R. Cooper al determinar que el nombre de una institución nacional solo puede modificarse mediante una ley expresa del Congreso.Posteriormente, el tribunal bloqueó un segundo intento del centro de grabar el apellido del mandatario en la fachada de mármol. Ante la negativa judicial, la administración advirtió que no liberaría un paquete de recaudación y obras estimado en 257 millones de dólares. En agosto, un documento presentado por abogados del Departamento de Justicia alegó que, sin dicha inversión, el edificio corría el riesgo de convertirse en una "estructura insegura y ruinosa" sujeta a demolición, sugiriendo como alternativa un anfiteatro al aire libre frente al río Potomac.La polémica se intensificó a principios de septiembre tras difundirse imágenes del presidente abordo del Air Force One revisando documentación con el encabezado "Kennedy Center DEMOLISHED".Estatus técnico del recinto y seguimiento judicialEl edificio de 55 años permanece cerrado de manera preventiva tras el desprendimiento de un bloque de yeso de 68 kilogramos desde el techo de una de las salas a comienzos de septiembre. El director ejecutivo del centro, Matt Floca, indicó que la suspensión de actividades se mantendrá al menos hasta el 30 de septiembre bajo evaluaciones semanales.Por su parte, la representante Joyce Beatty (demócrata por Ohio) presentó una demanda para evitar el cierre permanente, argumentando que los problemas estructurales son utilizados como pretexto para forzar el cese definitivo de operaciones. Como respuesta, el juez Cooper emitió una resolución que exige a los administradores del Centro Kennedy notificar al tribunal con al menos 30 días de anticipación antes de adoptar cualquier medida drástica respecto a la infraestructura del recinto.