Lanzan una campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales

Una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico lanzó una campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial. La iniciativa promueve reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo. El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo. Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”. La campaña "por una justicia independiente"En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes. La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA.). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández, además de un numeroso conjunto de personalidades públicas y dirigentes políticos.