La campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial, llegó este lunes al Senado, por medio de una carta enviada a la estratégica comisión de Acuerdos, encargada de debatir los pliegos de jueces que envía el Poder Ejecutivo. Las entidades que forman parte de la campaña invocaron su derecho constitucional a “peticionar a las autoridades” para reclamar a los senadores que “al momento de firmar los dictámenes correspondientes a la designación de jueces federales o nacionales”, se “considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación”.La misiva se inscribe en la acción de una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico, que promueven reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo. El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.“La ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos que realiza el Consejo, muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento. Ello ha merecido una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que propone limitar al 20% del puntaje total la valoración de la entrevista personal, para no desplazar el mérito de los concursos efectuados. En el mismo sentido se han expedido en una declaración conjunta algunas de las más prestigiosas entidades de la sociedad civil y del ejercicio del derecho. Le adjuntamos ambos documentos”, indicaron los firmantes en la carta dirigida al senador Maximiliano Abad, integrante de la comisión de Acuerdos. Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. Pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que, si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”. La campaña "por una justicia independiente"En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes. La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado, entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.También se sumaron a la iniciativa personalidades públicas y dirigentes políticos, como Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanús, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Perez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.“Por las razones expuestas y porque consideramos que los habitantes tienen derecho a una justicia imparcial e idónea, que se ajuste a los parámetros del mérito objetivo que propicia la Constitución Nacional, es que le solicitamos que, en el ejercicio de su representación popular, provincial y nacional, revise detalladamente y contemple la posibilidad de no conceder acuerdo a candidatos cuyo mérito se haya alterado de manera sustantiva en relación al orden inicial de los concursos”, indicaron los firmantes.
La campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales llegó al Senado
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