La caída del Ueno Bank en Paraguay revela el avance de los tecnomagnates en América Latina

RÍO DE JANEIRO.– El escándalo financiero del Ueno Bank en Paraguay desnudó lo que algunos analistas políticos latinoamericanos definen como un ecosistema en el cual operan actores políticos, económicos y magnates de las llamadas big techs, cada vez más influyentes en América Latina. La crisis que afectó a media población del Paraguay no fue solamente una tempestad política y financiera; fue, también, una alerta sobre los nuevos desafíos a la soberanía de los países de la región ante el avance de figuras como Peter Thiel, dueño de Palantir, que estuvo en Asunción reunido con el expresidente Santiago Peña seis meses antes del colapso del Ueno Bank, en un encuentro sobre el cual poco se sabe, así como sobre todos los encuentros del magnate con jefes de Estado y dirigentes políticos latinoamericanos.Después de ese encuentro, confirmado en sus redes sociales por el expresidente paraguayo, Peña se refirió a Thiel como “uno de los inversionistas más visionarios del mundo”. Seis meses más tarde, el gobierno de Peña se derrumbó. El exvicepresidente Pedro Alliana asumió el poder y, días más tarde, el nuevo presidente del Banco Central de Paraguay, Jorge Schreiner, afirmó que el verdadero negocio de los propietarios del Ueno Bank no era bancario, sino la captura de datos biométricos de millones de paraguayos para conformar una gran base de datos nacional y luego explotarla comercialmente.El empresario Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon ValleySchreiner hizo esta declaración en el Senado de su país, el 9 de noviembre, cuando los paraguayos aún intentaban sobreponerse a un trauma que había afectado a media población. “No eran banqueros; eran gente administradora de bases de datos”, dijo el presidente del Banco Central paraguayo, quien también criticó la exigencia de datos biométricos para realizar transacciones en grandes eventos, argumentando que no tenía sentido exigir el “rostro” de una persona para operaciones en moneda local.La crisis paraguaya y el ecosistema en el cual ocurrió fue tema de debate en una cumbre de académicos latinoamericanos organizada la semana pasada en Río de Janeiro por el Conservatorio Latinoamericano (Conlat), grupo formado por las universidades Di Tella, de Argentina; el Colegio de México; el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro; y la Universidad de los Andes, de Colombia.Uno de los que mencionó lo que es visto como un nuevo desafío para la región fue Bernabé Malacalza, investigador del Conicet, de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de posgrado de la Universidad Di Tella. “Se pudo saber en estos días que el Ueno Bank auspició la cena de gala de la Hispanic Prosperity en Mar-a-Lago, financia y tiene vínculos con Latino Wall Street [que, a su vez, tiene vínculos con CPAC] y, a su vez, financió al diario La Derecha Diario, de Negre y Cerimedo. Es decir, hay una red de financiamiento político al núcleo de esta internacional de derecha, donde están [el presidente argentino, Javier] Milei y Eduardo Bolsonaro”, opinó Malacalza.La política y su financiamiento, la utilización de nuevas tecnologías como la IA, el acceso a millones de datos de la población latinoamericana y, ante todo eso, cero regulación. Los magnates de las big techs presionan para operar con marcos jurídicos que les permitan realizar sus operaciones sin barreras, tanto en los movimientos de capital como en la penetración de las bases de datos públicas y privadas de los países de la región.Enclaves privadosAdemás de tener una relación cercana –y sobre la cual nada se sabe– con gobiernos de la región, los tecnomagnates vienen promoviendo enclaves privados dentro de países como Honduras, Venezuela, Nicaragua y, quizás, en breve, en Uruguay y la Argentina. El tema fue planteado por Svenja Blanke, directora de la oficina de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Uruguay. Estas tecnociudades representan, según dijo a LA NACION, “un dilema enorme para los Estados latinoamericanos interesados en inversiones y desarrollo”.“No se debe ver solamente la parte económica, sino también el tema de su lógica neocolonialista y antidemocrática. Esto muestra cómo la soberanía estatal está experimentando profundas alteraciones, favoreciendo a actores no estatales del Norte Global”, analizó.En el artículo “América Latina, laboratorio de las ciudades privadas”, publicado en la revista Nueva Sociedad, Blanke menciona los casos de Próspera, Veritas Village, CryptoCity, Praxis y Xcity. Render de las viviendas de Roatán Próspera en la isla de Roatán en Honduras, por el estudio Zaha Hadid ArchitectsZaha Hadid Architects“Estos enclaves privados son experimentos, hábitats artificiales para el empresariado y las start-ups ‘libres’ que pretenden desarrollarse sin estar sujetas a leyes y obligaciones estatales. Las ciudades privadas al estilo de Próspera, en Honduras –probablemente el modelo más conocido–, atraen a dueños de start–ups tecnológicas, fanáticos de las criptomonedas, transhumanistas o biohackers y, sobre todo, a libertarios que no desean pagar impuestos. Según sea el punto de vista, estos experimentos pueden considerarse disruptivos o visionarios, pero son, ante todo, libertarios y profundamente neocolonialistas: el Estado en cuestión queda anulado mediante contratos privados; se trata de islas altamente desarrolladas en medio de regiones más pobres”, agrega Blanke. Próspera es administrada por la empresa estadounidense Honduras Próspera Inc. y está ubicada en la isla de Roatán. Según informó la empresa, alrededor de 1700 personas ya obtuvieron su residencia en la ciudad, lo que se logra pagando un impuesto único de 5000 dólares.“La tasa de impuesto asciende al 1% de los ingresos brutos de una empresa, mientras que, a escala nacional, la misma tasa es de aproximadamente 25%. Próspera fue legalizada por Honduras como zona económica especial en 2017. No está obligada a cumplir con las leyes hondureñas y tiene la facultad de establecer su propio sistema jurídico, sus propios tribunales, su propia policía, así como sus propias leyes fiscales y normas”, dice Blanke en su artículo.La ciudad laboratorio entró en un litigio con el gobierno de Xiomara Castro a partir de 2022, y el caso sigue sin resolución. El cambio de gobierno en Honduras en 2026 podría inclinar la balanza a favor de Próspera, proyecto en el cual participa Titus Gebel, fundador de la Free City Foundation y defensor de “ciudades–Estado” de gestión privada que escapan al control democrático.En paralelo a proyectos que parecen de ciencia ficción, pero que son cada día más reales, crece la vigilancia estatal sobre los ciudadanos de América Latina. Datos del proyecto colombiano Sistemas de Algoritmos Públicos, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, presentados en la reunión del Conlat, son asustadores: hoy existen 1085 sistemas de IA documentados en entidades públicas de la región; el 77% de estos sistemas procesa datos personales; el 45% de los sistemas de IA en funcionamiento apoya prácticas estatales de vigilancia; y el 31% corresponde a reconocimiento facial (265 sistemas), la aplicación de IA más frecuente en el sector público de la región.Palantir, de Peter Thiel, está presente en Ecuador y Colombia, y existen negociaciones con la Argentina, Chile y Paraguay.“En Colombia, Palantir prestó servicios al gobierno nacional durante la pandemia a través de una plataforma llamada Palantir Foundry, para ayudarlos a integrar sistemas de información sobre temas de salud para el control de la pandemia. Hubo muchas dudas sobre si esa información se estaba usando solo para temas de salud o si realmente se estaba utilizando para otros fines. Estamos en un escenario de máxima desprotección, tanto para el ciudadano como para los propios Estados. Porque los Estados están recibiendo un caballo de Troya: suena muy atractivo poder utilizar todas estas herramientas para cruzar mucha información y sacar más conclusiones sobre diferentes bases de datos, pero, al mismo tiempo, te vuelves muy dependiente de la empresa de tecnología”, explicó Juan David Gutiérrez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.En épocas de expansión de los gobiernos de derecha y extrema derecha en la región, la presencia de los tecnolibertarios y sus conexiones con la política es algo que debe ser observado con atención, sobre todo por su pensamiento sobre la democracia, vista por muchos de ellos como un obstáculo para sus proyectos y para las sociedades que imaginan como posibles. La reunión del Conlat hizo una alerta ante la presencia de lo que son más que señales: son hechos concretos, con impacto concreto en los países latinoamericanos.