En una tercera sentencia dictada sobre la cuestión en menos de dos semanas, jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social con asiento en la ciudad de Buenos Aires declararon la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que rigió entre 2021 y junio de 2024 (aunque, en la práctica, se aplicó efectivamente por última vez en marzo de ese año). Se trata de la normativa que fue impulsada en su momento por el gobierno de Alberto Fernández y que provocó una fuerte pérdida del poder de compra de los haberes previsionales. Si bien todos los jubilados y pensionados perdieron, el deterioro fue mucho más pronunciado -llegó a más de 50%- para quienes no cobraron ni cobran bonos compensatorios; es decir, para quienes tienen ingresos superiores al mínimo, por haber aportado más.En el caso que tuvo resolución hoy, el rechazo a la fórmula de actualizaciones deriva en un efecto práctico que resulta restrictivo. La orden de compensar a la jubilada demandante no contempla la totalidad del período en el cual los índices de movilidad fueron insuficientes frente a la inflación -eso ocurrió a partir de inicios de 2022-, sino que solo considera lo ocurrido a partir de octubre de 2023. La sentencia ordena que se compare la movilidad otorgada por la cuestionada ley con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre octubre de 2023 y junio de 2024. Y que se le sumen al haber mensual las diferencias, incluyendo intereses por la parte retroactiva. SegmentaciónEs decir, la reparación contemplada a favor de quien hizo el juicio es solo parcial. Como ocurre siempre en estos casos, la resolución tiene efectos únicamente para quien demandó, más allá de que sería apelada por el Gobierno a la Corte Suprema de Justicia, donde esperan resolución otros expedientes sobre el mismo tema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente pronunciarse sobre los planteos de inconstitucionalidad de la ley 27.609JUAN MABROMATA - AFPRespecto de la segmentación del período en que rigió la ley 27.609, si bien es cierto que en 2021 la movilidad trimestral según la fórmula cuestionada superó levemente al índice de inflación -tal como indica la sentencia-, también es un hecho que entre el inicio de 2022 y septiembre de 2023 la suba de las jubilaciones se retrasó en todos los trimestres frente al alza de precios, por lo que fue acumulando un deterioro de los haberes, que resultó del 23,8%. Según el fallo, esa pérdida no se reparará. Por otra parte, la contemplación del segundo trimestre de 2024 iría en desmedro del incremento para los ingresos, porque en ese período los haberes subieron más que los precios (fue un período de transición entre modalidades de reajustes, con reglas particulares y transitorias).El fallo de la Sala 1 de la mencionada cámara (que se ocupa de las apelaciones de fallos dictados por los juzgados de primera instancia) está referido al expediente “Pena, Dora Yolanda c/ Anses s/ Reajustes varios”. Y tiene una particularidad: los jueces firmantes son, en rigor, titulares en las otras salas y subrogantes en la 1. Se trata de Fernando Strasser y Sebastián Russo, de la Sala 3, y Juan Fantini, de la Sala 2. Es decir, la Sala 1 no tiene jueces designados -tras las salidas de los que estaban antes- y, por tanto, magistrados de otras salas resuelven las causas.Resoluciones previasPor esa razón, los criterios de cada votante habían sido expresados en los últimos días en la resolución de otras causas. El 5 de este mes, la Sala 3 dictó la inconstitucionalidad de la fórmula de la ley de Alberto Fernández en la causa “Aguirre, Jorge Alberto c/ Anses s/ Reajustes varios”, con la misma restricción temporal que marca la sentencia de la Sala 1, en la cual primó el criterio de dos jueces que participaron en ambas resoluciones: Strasser y Russo. Durante la vigencia de la ley 27.609 y en el contexto de una inflación creciente, hubo una fuerte pérdida del poder de compra de las jubilacionesEl viernes 13, también de este mes, la Sala 2 también rechazó la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2020, pero sin esa cuestión temporal. En el marco del juicio caratulado “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”, se concluyó que la ley 27.609 resulta inconstitucional a causa del deterioro sufrido por las jubilaciones y se dispone que en el caso considerado “deberá aplicarse de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive”, la fórmula de movilidad de la ley 27.426 aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri que, a diferencia de la establecida por la ley 27.609, incluía a la inflación en el cálculo.Sin inflación y con topeLa cuestionada fórmula de movilidad del gobierno anterior consideraba la suba de salarios y la evolución de la recaudación de impuestos que tienen derivación específica a la Anses. Y establecía un tope anual para el aumento de los haberes, no vinculado con el poder de compra de los ingresos. La aplicación de ese tope profundizó, sobre todo en diciembre de 2023, el deterioro que ya estaban sufriendo los ingresos.En su voto de la causa resuelta hoy, el juez Russo señala que “no es materia del juez expedirse respecto de la política de movilidad, sino verificar si el resultado de su implementación afecta al núcleo del derecho protegido por nuestra Carta Magna”. Y agrega que el aspecto a analizar es “si se ha producido un deterioro sustancial del haber al extremo que se vuelve ilusoria la protección constitucional”, en referencia al mandato de ingresos previsionales que sean móviles. La sentencia también recuerda que, al establecer el actual Gobierno el mecanismo de subas mensuales por inflación, no se recompuso la pérdida que había ocasionado la fórmula de la ley 27.609, en cuya definición tuvo incidencia, en su momento, la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, hoy vigente, determinó que los haberes se reajusten mensualmente en igual porcentaje que la variación registrada por el IPC dos meses antes. “El haber ya depreciado pasó a ser la base de cálculo del nuevo sistema y así la pérdida quedó consolidada", recuerda el fallo, enfatizando que “la insuficiencia del empalme no es transitoria” y que “la reparación de ese perjuicio es independiente de la movilidad que corresponde aplicar de ahora en adelante”.El juez Fantini, en línea con su voto en una causa resuelta la semana pasada, consideró que el haber jubilatorio de la demandante debería ser redeterminado a marzo de 2021, sin la limitación temporal para la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Su criterio, para la compensación, no es el uso del IPC, sino el de la fórmula aprobada durante el gobierno de Macri.En la fundamentación de su voto en la causa Aguirre, el juez Fantini recuerda que la Corte Suprema de Justicia avaló el cálculo de movilidad dispuesto en esa ley, la 27.426 -que estuvo vigente en 2018 y 2019-, al rechazar un pedido de declaración de inconstitucional. Eso ocurrió en diciembre de 2025, cuando el tribunal superior se expidió en la causa “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses”. Fallos en el interiorEl rechazo a la fórmula de la ley 27.609 que fue expresado por las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se suma al manifestado en varias sentencias dictadas en los últimos años en el interior del país, también en la instancia de apelaciones. Esos fallos, que ordenaron reparar el daño causado a los demandantes, se dieron, por ejemplo, en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán. Algunas de esas resoluciones judiciales confirman que la pérdida del poder de compra durante la vigencia de la ley 27.609 llegó al 50%.La cuestión está a la espera de una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Por Silvia Stang
Jubilaciones: una nueva sentencia rechaza la movilidad del gobierno anterior y ordena una compensación, aunque limitada
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