Golpe a Tapia y Toviggino: la Corte ordenó a Rafecas investigar una trama de giros millonarios de la AFA, sociedades fantasma y testaferros

Golpe a Tapia y Toviggino: la Corte ordenó a Rafecas investigar una trama de giros millonarios de la AFA, sociedades fantasma y testaferros

El histórico fallo de la Corte Suprema sobre las sospechas de corrupción en la AFA no se limitó a resolver una disputa de competencia judicial por la mansión de Pilar, vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.El máximo tribunal describió una hipótesis de investigación mucho más amplia, que comprende presuntos desvíos millonarios de fondos, intermediarios internacionales, sociedades comerciales y una red de posibles testaferros. Y al hacerlo sorprendió a políticos y abogados que habían mandado mensajes pidiendo “un salvavidas” para Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino. El presidente de la AFA no se da por aludido y sigue viajando por el mundo y apostando a que una eventual reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA lo ayudará en sus problemas con la Justicia.En ese escenario aparecen los negocios internacionales de la AFA, la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario y ex diputado del Frente Renovador Javier Faroni, y los ingresos generados por la explotación comercial de la marca de la Selección argentina en el exterior.También figuran las empresas vinculadas a Toviggino que, según documentación incorporada a otra investigación judicial, recibieron transferencias de la AFA de, por lo menos, unos 4.842.635 dólares entre 2022 y 2025. El juez federal Daniel Rafecas, que había aceptado inicialmente una denuncia de Elisa Carrió hace diez meses, comenzó a recibir las actuaciones digitalizadas que estaban en poder de su colega de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.La expectativa es que el resto de la documentación llegue durante los próximos días, para que Rafecas pueda avanzar sobre una investigación que estuvo atravesada por sucesivos conflictos de competencia y la construcción de un "blindaje" político y judicial alrededor de Tapia y Toviggino.El magistrado tiene pendiente su posible ascenso a la Cámara Nacional de Casación Penal. Según fuentes judiciales, permanecería en su juzgado de Comodoro Py "hasta marzo". Si se concreta su traslado, deberá designarse un juez subrogante para continuar la investigación.Hasta ahora, la atención pública estuvo concentrada en la decisión de la Corte de quitarle a González Charvay el expediente sobre la mansión de Pilar. Sin embargo, los fundamentos del fallo tienen un alcance mayor: vinculan la investigación con presuntos desvíos de fondos de la AFA y su ocultamiento a la propia institución y a organismos de control.La Corte consideró insuficiente que la investigación quedara radicada en Zárate-Campana únicamente porque allí se encuentra uno de los inmuebles sospechados de integrar la maniobra. En consecuencia, la pesquisa no debería agotarse en determinar quién es el verdadero propietario de la mansión atribuida al entorno de Toviggino y valuada en 20 millones de dólares.El inmueble figura vinculado al monotributista Luciano Pantano y a su madre jubilada, aunque la investigación busca establecer si actuaron como presuntos testaferros.La sentencia sostiene que la vinculación de la jurisdicción de Zárate-Campana con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble que estaría inscripto a nombre de esas personas sospechadas de ser testaferros. Pero advierte que esa circunstancia no alcanza para definir la competencia territorial cuando se investiga la posible existencia de una “red internacional de intermediarios”.Según la Corte, esa red habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar fondos obtenidos por la AFA fuera del circuito bancario argentino, mediante un complejo mecanismo financiero.El tribunal también señaló que la investigación “abarca un universo mucho más amplio que la compra de un inmueble”. Y agregó que podría tratarse de una “maniobra unitaria de lavado de activos”, cuya ejecución comprendería numerosos actos sucesivos e interrelacionados.Entre los bienes mencionados en las actuaciones aparecen propiedades, 54 vehículos registrados a nombre de Real Central SRL y caballos de salto.El fallo establece que la hipótesis investigada supera ampliamente la adquisición de una propiedad y justifica la intervención de la Justicia federal porteña.Otro punto significativo es que la Corte ubicó en la sede histórica de la AFA, en la calle Viamonte 1366 el centro de las decisiones administrativas que podrían estar relacionadas con las operaciones investigadas. Allí, según el fallo, también habría tenido lugar una actividad marginal de dirigentes o allegados que habría implicado el desvío de fondos y su ocultamiento a la institución y a organismos como ARCA y la IGJ.La otra disputa: quién controla los balancesLa decisión sobre Rafecas no fue la única intervención de la Corte en el conflicto judicial que rodea a la conducción de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.En otro expediente, el máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia que había favorecido el traslado del control administrativo de la AFA a la provincia de Buenos Aires.La disputa comenzó cuando la conducción de la entidad impulsó el cambio de domicilio legal a Pilar, pese a que sus principales actividades administrativas continuaban desarrollándose en la Capital Federal. Esa modificación permitió que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del gobierno de Axel Kicillof, reclamara facultades de fiscalización sobre la AFA.El entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, cuestionó el traslado y reclamó documentación contable sobre los negocios internacionales de la entidad. Vítolo había comprobado que en los balances hasta el 2024 solo se registró un ingreso a la AFA de 12 millones de dólares de TourProdEnter, la empresa vinculada a Faroni que administró contratos comerciales de la Selección en el exterior.La controversia es relevante porque, según los datos reunidos en distintas investigaciones, la explotación internacional de la marca de la Selección habría generado ingresos por unos 400 millones de dólares. Uno de los puntos pendientes es determinar cuánto dinero correspondía efectivamente a la AFA, cuánto percibieron los intermediarios y qué operaciones quedaron reflejadas en sus estados contables.En declaraciones a América 24, Tapia ensayó una defensa sobre el contrato con Faroni. "Vos me tenés que auditar si el 70% [...] ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino", afirmó, en referencia al porcentaje que debía recibir la entidad. Y agregó: "Si no ingresó el 70% [...] entonces sí hay una responsabilidad". El 30% restante correspondía, según el contrato mencionado, a la empresa intermediaria.Tapia y Toviggino, como presidente y tesorero, respectivamente, aparecen entre los responsables de los balances cuestionados.Tras asumir como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques reemplazó a Vítolo por el abogado Alejandro Ramírez al frente de la IGJ. Carrió cuestionó políticamente a Mahiques y lo acusó de favorecer a la conducción de la AFA.Consultados sobre las consecuencias del fallo, voceros del ministro señalaron que todavía aguardaban una nueva resolución de la Cámara Civil. "La Corte ordenó que la Cámara Civil se pronuncie de nuevo. Estamos esperando ese fallo", explicaron.Según esa interpretación oficial, la suspensión judicial de las medidas administrativas impide retomar plenamente los controles hasta que exista un nuevo pronunciamiento.El fallo de la Corte fue dictado el 5 de noviembre. Hasta el viernes, según las fuentes consultadas, la Cámara Civil no había emitido una nueva resolución.En julio, los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset habían considerado que el control de legalidad de la AFA correspondía exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La decisión se apoyaba en el traslado del domicilio legal al "baldío\" de Pilar, cuestionado por la IGJ.Ese mismo tribunal había avalado anteriormente la reforma del estatuto de la AFA que permitió extender el mandato de Tapia hasta 2029.Los 4,84 millones de dólares y las empresas vinculadas a TovigginoMientras tanto, la Cámara Federal de San Martín tiene pendiente resolver la apelación contra el sobreseimiento dictado por González Charvay en favor de familiares y personas vinculadas comercialmente con Toviggino.La resolución fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal, que consideró prematuro cerrar la investigación sin agotar las medidas de prueba.Uno de los antecedentes del expediente es la investigación impulsada por el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón a partir de información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En su requerimiento de instrucción, el fiscal describió una presunta red de sociedades que habría sido utilizada para canalizar fondos de origen sospechoso.Según esa documentación, entre 2022 y 2025 la AFA transfirió dinero a empresas vinculadas con Toviggino, entre ellas Soma, Malte, Segon, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Los pagos respondían formalmente a contratos por distintos servicios, entre ellos seguridad y prestaciones vinculadas al sistema VAR utilizado en el fútbol argentino. La suma de esas transferencias asciende, según la documentación judicial citada, a 4.842.635 dólares.Se trata de una de las rutas del dinero que podrían resultar relevantes para la investigación de Rafecas y del fiscal federal Ramiro González.El objetivo será establecer si esas operaciones tuvieron una justificación comercial real o si formaron parte de mecanismos destinados a desviar u ocultar fondos.La causa de Tofoni y los agentes de cobroEn paralelo avanza otro expediente de especial importancia para el futuro judicial de la conducción de la AFA. Se trata de la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni por presunta administración fraudulenta, que quedó en manos de la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi.A diferencia de la causa asignada a Rafecas, este expediente tramita en la Justicia penal ordinaria de la Capital Federal. Allí deberán investigarse los contratos firmados por la AFA con intermediarios y agentes de cobro que participaron en la comercialización internacional de los derechos vinculados con la Selección.Entre los nombres mencionados aparecen Javier Faroni y el contador de Santiago del Estero, Fabián Marcelo Ramón Saracco, relacionado con las primeras operaciones millonarias realizadas mediante intermediarios.Uno de los interrogantes centrales es si los contratos resultaron beneficiosos para la AFA o si permitieron que terceros administraran fondos de la entidad sin controles suficientes.También deberá determinarse si las operaciones investigadas guardan relación con los movimientos de dinero y las sociedades mencionadas en otras causas judiciales.Los fallos de la Corte reordenaron así distintos expedientes vinculados con la AFA y pusieron bajo revisión decisiones que habían favorecido a su conducción. El impacto también llegó al Consejo de la Magistratura y a los vínculos entre dirigentes del fútbol y sectores judiciales y políticos.La última semana, varios magistrados participaron de la jura del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, como representante del sector académico en el Consejo de la Magistratura.Otros asistieron al brindis posterior, del que también participó el ex candidato presidencial Sergio Massa.La escena mostró la persistencia de relaciones políticas y judiciales en torno al fútbol.

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