General Motors pagará 220 millones de dólares para resolver las acusaciones de que violó la privacidad de los conductores

General Motors (GM) acordó pagar 220 millones de dólares para resolver las acusaciones de que recopiló y comercializó información privada de millones de conductores en Estados Unidos sin su consentimiento. Los datos habrían terminado en manos de compañías aseguradoras, que los utilizaron para calcular el precio de sus pólizas y, en determinados casos, aumentar las tarifas.El acuerdo representa un nuevo capítulo en el debate sobre la privacidad de los vehículos conectados, capaces de registrar información sobre desplazamientos, velocidad, frenadas y hábitos de conducción. Las autoridades estadounidenses cuestionaron que los consumidores no recibieran explicaciones suficientes sobre el destino de esos registros.Según fuentes judiciales, el acuerdo fue alcanzado con los fiscales generales de 35 estados y el Distrito de Columbia, después de una investigación sobre Smart Driver, un programa que General Motors mantuvo activo entre 2016 y 2024.La investigación fue encabezada por los fiscales generales de Washington y Oregón. Este último estado cuestionó especialmente el uso de información obtenida de personas que habían comprado un vehículo sin saber que sus movimientos podían convertirse en un producto comercial."Las personas compraron un automóvil, no un dispositivo de rastreo", declaró Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, al anunciar el acuerdo.Cómo funcionaba el programa de General Motors que recopilaba datos de los conductoresSmart Driver se presentaba como una herramienta destinada a mejorar la seguridad vial mediante el seguimiento de los hábitos de conducción. Muchos usuarios también estaban inscritos en OnStar, el servicio de asistencia, navegación y diagnóstico de General Motors.Sin embargo, las autoridades sostuvieron que la empresa compartía información con intermediarios especializados en comercializar datos, que posteriormente la vendían a compañías de seguros.Entre los registros recopilados figuraban la frecuencia de uso del vehículo, los horarios de los viajes, las aceleraciones bruscas, las frenadas repentinas y los posibles excesos de velocidad.La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, advirtió que los conductores merecen saber "qué información sobre ellos se recopila" y cómo puede afectar sus gastos.La investigación también reveló problemas relacionados con la inscripción de los usuarios. Según las autoridades de Michigan, empleados de concesionarios habrían aceptado condiciones de uso en nombre de algunos compradores sin obtener su autorización.Además, la aplicación OnStar informó incorrectamente a más de 370.000 conductores que no participaban en Smart Driver, aunque sus datos estaban siendo recopilados.La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuestionó que los consumidores pudieran ser rastreados "sin su conocimiento", especialmente cuando esa información podía influir en el precio de sus seguros.Qué deberá cambiar General Motors tras el acuerdo de 220 millones de dólaresEl acuerdo obliga a General Motors a obtener el consentimiento expreso de los conductores antes de recopilar o compartir información sobre su comportamiento y ubicación. También establece restricciones sobre los datos que puede conservar y exige controles internos y externos para evaluar sus prácticas de privacidad.Los concesionarios deberán incorporar medidas de supervisión y capacitación para evitar que los clientes sean inscritos en programas de recopilación de información sin autorización. General Motors sostuvo que el acuerdo refuerza las medidas adoptadas para proteger la privacidad. Un portavoz afirmó que la compañía está comprometida con "ser clara sobre qué información se utiliza", cómo se protege y qué decisiones pueden tomar sus clientes.El caso se suma a otros antecedentes regulatorios. En mayo de 2026, GM acordó pagar 12,75 millones de dólares para resolver una investigación similar en California. En enero de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) también anunció un acuerdo que restringía durante cinco años la divulgación de determinados datos de geolocalización y conducción a agencias de informes sobre consumidores.La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, resumió una de las principales preocupaciones de la investigación: "Los conductores fueron inscritos en sistemas de seguimiento sin su conocimiento". Por su parte, el fiscal general de Washington, Nick Brown, sostuvo que los consumidores "siempre deberían tener control sobre cómo se utilizan" sus datos personales.Aunque el acuerdo contempla un desembolso millonario y nuevas obligaciones para la automotriz, no establece compensaciones individuales directas para los conductores afectados. Una demanda colectiva independiente continúa pendiente en los tribunales estadounidenses.