En 2006, una pareja compró 310 acres en Tennessee por 1,3 millones de dólares; años después, una sociedad reclamó una deducción fiscal por conservación de 74,5 millones de dólares, pero un juez valoró la servidumbre en tan solo 500.000 dólares y confirmó una multa

En 2006, una pareja compró 310 acres en Tennessee por 1,3 millones de dólares; años después, una sociedad reclamó una deducción fiscal por conservación de 74,5 millones de dólares, pero un juez valoró la servidumbre en tan solo 500.000 dólares y confirmó una multa

Subir demasiado el valor de una propiedad para conseguir créditos fiscales puede ser una mala estrategia. Una pareja que compró casi 310 acres (125 hectáreas) en Tennessee por 1,3 millones de dólares y luego una empresa reclamó una deducción fiscal por 74,5 millones. La justicia determinó un valor mucho menor y hasta confirmó una multa.En 2006, Lon y Tracy Dillard compraron un terreno montañoso en el condado de Polk, Tennessee. Años después, la propiedad pasó a Lontrac, una sociedad relacionada con ambos propietarios y que luego sería objeto del litigio judicial.En 2014, Lontrac estableció una servidumbre de conservación permanente sobre 288,8 acres a favor de Foothills Land Conservancy, una organización dedicada a la protección de la naturaleza.Un acuerdo de servidumbre permite al propietario conservar la titularidad, pero debe ceder derechos de uso para preservar las características ambientales. A cambio, este tipo de donación puede generar una deducción fiscal a nivel federal.¿Por qué surgió el conflicto?El conflicto ocurrió cuando Lontrac presentó su declaración de impuestos y reclamó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) una deducción de 74,5 millones de dólares por la servidumbre. Una cifra enorme en comparación con los 1,3 millones pagados en 2006 por la propiedad. Por supuesto, la empresa tenía una razón para justificar semejante aumento.Según Lontrac, en la propiedad había un yacimiento de una piedra conocida como metagrauvaca, que podía utilizarse como agregado para fabricar hormigón. Un informe elaborado por un operador de canteras estimó que el terreno podía contener 77,6 millones de toneladas de esta roca y proyectó una producción inicial de 950.000 toneladas anuales, con posibilidades de aumentar hasta 1,5 millones.Otro informe geológico calculó reservas potenciales de 47 millones de toneladas, aunque reconocía que no se habían realizado perforaciones continuas para verificar la extensión y calidad del material.Los tasadores utilizaron esas proyecciones para sostener que la propiedad podía valer hasta 75 millones de explotación minera. La diferencia entre ese valor y la estimación posterior a la donación permitía justificar la deducción de 74,5 millones según Lontrac.El IRS llevó el caso al Tribunal Fiscal de Estados Unidos que emitió su fallo en octubre de 2026. Los jueces encontraron problemas fundamentales en la argumentación porque los informes partían de supuestos no demostrados sobre la cantidad de roca disponible, su calidad, la capacidad de producción y las posibilidades de comercialización.Además, los estudios confundían la metagrauvaca con el granito, dos materiales que no podían tratarse como equivalentes para justificar las estimaciones presentadas.Además, la sentencia destaca que la propiedad había permanecido años en el mercado inmobiliario sin encontrar compradores, incluso cuando su precio bajó a 2,96 millones de dólares. Esa circunstancia contrastaba con la valoración de 75 millones relacionada con el supuesto potencial minero de la zona.La viabilidad de obtener permisos de explotación también era incierta. Las autoridades ambientales de Tennessee habían advertido sobre la presencia de especies protegidas en el área del río Hiwassee y señalaron que necesitaban una propuesta minera concreta para evaluar si podía autorizarse la actividad.De esta manera, el tribunal estableció para la servidumbre una valuación de 500.000 dólares y un valor de mercado antes del acuerdo de 1,1 millones. Además, confirmó la sanción del 40 % prevista en la Sección 6662(h) del Código de Rentas Internas que contempla penalizaciones por errores graves de valoración.

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