El sistema de salud argentino está muriendo. ¿Quiénes son los responsables? ¿Y las reformas estructurales?

En la Argentina, las crisis suelen anunciarse con estrépito: hiperinflaciones, corridas cambiarias o estallidos sociales. Sin embargo, en el sistema de salud el colapso opera de otra manera: no hace ruido en las calles, pero socava día a día, en silencio, los cimientos de una estructura que lleva décadas desatendida. Porque los hospitales no bajan sus persianas ni las clínicas cierran de un día para el otro, la dirigencia política suele caer en el autoengaño de creer que el sistema “todavía aguanta”. No es así. Lo que hoy padecemos es una asfixia gradual provocada por eludir, sistemáticamente, las fallas estructurales de fondo mediante parches fiscales de corto plazo y prórrogas automáticas de emergencias sanitarias que solo postergan lo inevitable.El descalce entre los recursos disponibles y las obligaciones exigidas es insostenible. El caso del PAMI es un síntoma flagrante: frente a una masa creciente de pasivos con mayor sobrevida y enfermedades crónicas complejas, la base de aportantes se contrae y la informalidad crece. A esto se sumó el impacto fiscal de la derogación de la asignación del impuesto PAIS, dejando un bache financiero que no se subsana con retórica. En paralelo, el esquema contributivo exhibe contradicciones que nadie se anima a corregir por mero cálculo político: de los más de 4,7 millones de monotributistas, un 53% se concentra en la categoría A, donde el aporte a la salud ronda los 25.000 pesos –una cifra irrisoria frente al costo real de cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO)– y con un componente cero para financiar la cobertura pasiva del PAMI. Mientras un asalariado formal aporta montos muy superiores de su salario para sostener su vejez y la de otros –en un salario bruto de 1.500.000, entre el aporte del empleado y del empleador suman 75.000 pesos–, el sistema tolera asimetrías que terminan subsidiadas por el Estado y los trabajadores en relación de dependencia.Hay otra responsabilidad que contribuye al quiebre del PAMI que nadie quiere discutir: la de los sindicatos y sus obras sociales. Durante décadas administran los aportes de millones de trabajadores, pero cuando esos mismos trabajadores se jubilan y empiezan a necesitar más atención médica, demasiadas veces parecen convertirse en una carga de la que hay que desprenderse. Es la expresión más cruel de una lógica sindical que parece profundamente interesada mientras hay dinero para administrar y absolutamente desinteresada cuando llega el momento de cuidar a quienes lo aportaron. Mientras el trabajador produce y aporta, es un afiliado valioso; cuando envejece, se convierte en un costo que otros deben asumir. Y la supuesta libertad de elegir es, para muchos, una ficción: no pueden pagar una medicina prepaga y sus enfermedades preexistentes pueden encarecer todavía más las alternativas. El PAMI no puede ser la red de descarte de los sindicatos, donde terminan, cuando envejecen y dejan de ser rentables, los trabajadores que durante décadas aportaron. Esa lógica no tiene nada de solidaridad sindical. Tiene mucho de oportunismo y una crueldad inadmisible. La solidaridad no puede terminar cuando termina la vida laboral.A este déficit de ingresos genuinos se añade la ineficiencia crónica de la gestión. Es inaceptable que los hospitales públicos atiendan a millones de afiliados de obras sociales o prepagas y queden atrapados en expedientes burocráticos eternos para cobrar esas prestaciones. Sin mecanismos coercitivos y automáticos de compensación y recupero cruzado –a través de débitos bancarios y la intermediación de la Superintendencia de Servicios de Salud–, el hospital público termina oficiando de prestador gratuito y desfinanciado de los subsistemas que no pagan lo que corresponde.Pablo Caprarulo - LA NACIONPero el problema no es solo cómo se recauda, sino qué y cómo se gasta. El Programa Médico Obligatorio (PMO) actual es un instrumento desbordado. La incorporación espasmódica de prestaciones sin respaldo técnico ni asignación presupuestaria transformó a la judicialización en el mecanismo cotidiano de fijación de coberturas. Cuando cualquier tratamiento experimental o de precio astronómico se impone judicialmente a la cápita corriente de una obra social o del PAMI, no se amplían derechos: se canibalizan los recursos de millones de afiliados. Es imperioso transformar el PMO en un Plan Nacional de Garantías vinculante —tanto para financiadores como para los jueces— sustentado en criterios de costo-efectividad e impacto presupuestario, e instituir un Fondo Nacional para Medicamentos de Alto Costo (un verdadero “fondo de catástrofe”) financiado mediante compras conjuntas y riesgo compartido que aísle a los presupuestos operativos de estas erogaciones extraordinarias.Tampoco el subsistema privado puede subsistir en un limbo de subsidios o moratorias eternas. Es hora de terminar con las prórrogas indiscriminadas de la emergencia que premian la ineficiencia y castigan a las pymes de salud que cumplen regularmente. Se requiere una normalización tributaria focalizada, una moratoria sectorial seria, la revisión del saldo técnico de IVA y de las contribuciones patronales, pero con una exigencia innegociable de contraparte: digitalización, trazabilidad e interoperabilidad. No se puede seguir financiando a ciegas. Pasar del tradicional pago por prestación —incentivo perverso que fomenta la duplicación de prácticas y el sobreconsumo médico— a un monitoreo en tiempo real de qué se hace, quién lo hace y a qué costo, es la única barrera real contra el despilfarro.Todo esto carecerá de destino si no se asume una verdad constitucional: la salud en la Argentina está fragmentada en 24 provincias. Sin un Pacto Federal Sanitario Vinculante y una rectoría técnica sólida del Ministerio de Salud articulada con sociedades científicas y universidades, cualquier reforma será letra muerta.Sanear la salud no pasa por estatizaciones anacrónicas ni por ajustes ciegos. Pasa por el coraje de ordenar: unificar reglas, garantizar equidad contributiva, trazar cada peso y blindar la sostenibilidad financiera con fuentes genuinas —incluso evaluando redirigir recursos de sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos—.La salud argentina no necesita otra emergencia, otro parche ni otra promesa electoral. Necesita decisiones, controles y coraje político. Seguir gobernando la salud como reacción a las emergencias es ser cómplices de la agonía del sistema. Mientras la política sigue calculando cómo ganar la próxima elección, millones de argentinos necesitan respuestas hoy. Porque cuando la política posterga las soluciones estructurales quienes pagan las consecuencias cada vez más críticas son los pacientes.