El Gobierno impulsa una reforma clave del mercado de capitales que incluye cobrar Ganancias por la venta de Cedears

El Gobierno busca que las ganancias obtenidas por la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras, dejen de estar exentas del impuesto a las Ganancias. La medida integra el proyecto de Ley de Competitividad Financiera enviado este martes al Congreso por el Poder Ejecutivo, -liberado para legisladores en las últimas horas-, que también permite negociar plazos fijos de largo plazo y cobros pendientes de tarjetas y amplía las garantías para conseguir crédito.El cambio, que rápidamente generó revuelo en redes sociales, alcanzaría a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive, cuando el activo que representan tampoco hubiera estado exento si se compraba directamente. Así, la operación tendría el mismo tratamiento que la inversión directa en la acción extranjera. Las tenencias adquiridas antes de esa fecha no quedarían alcanzadas por esta modificación.El foco está en el resultado de la compraventa: los dividendos del exterior ya están gravados. La propuesta no implica un impuesto sobre todo el dinero invertido. Su aplicación requiere la aprobación del Congreso y la definición de los aspectos reglamentarios para determinar el costo y el resultado de las operaciones.Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina dio detalles de la reforma del mercado de capitalesEl proyecto también quita la exención a ciertos fondos comunes abiertos cuyo reglamento permita inversiones en activos del exterior por encima del límite legal general. En ese caso, el cambio alcanzaría a las cuotapartes adquiridas o suscriptas desde el mismo 31 de octubre.La iniciativa, de 240 artículos, ingresó a Diputados el 2 de noviembre. Formaliza los cambios que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado como el “broche de oro” de la transformación del mercado de capitales.La apuesta oficial es reducir el riesgo de quienes prestan para mejorar las condiciones del crédito, aunque la baja de las tasas dependerá de la implementación y de la respuesta del mercado.El proyecto lleva las firmas de Sturzenegger, el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.Plazos fijos y tarjetasPara los ahorristas, un cambio es la posibilidad de negociar en Bolsa certificados de plazo fijo constituidos a 365 días, o al plazo mayor que establezca el Banco Central (BCRA). Quien necesite recuperar el dinero antes del vencimiento podría vender el certificado a otro inversor. No equivale a una precancelación porque recibiría el precio que consiga en el mercado, que puede ser distinto del capital depositado.Para los comercios, el proyecto obliga al emisor de la tarjeta a crear un título electrónico por las operaciones que autorice. Ese instrumento representará el cobro pendiente de la venta y podrá negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) o en plataformas bajo regulación del BCRA.Un negocio que necesita dinero para reponer mercadería o pagar salarios podría vender ese derecho de cobro y recibir los fondos antes, descontando un costo financiero. Si bien hoy ya existen servicios de anticipo, la propuesta busca ampliar la competencia para que el comercio consiga mejores condiciones.Más garantías para el créditoOtro eje es ampliar los activos que pueden respaldar un préstamo en busca de una baja de las tasas de interés. La reforma contempla expresamente software, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, cuentas por cobrar y flujos futuros de fondos. Una empresa podría utilizar parte de sus cobranzas previstas como garantía, además de sus bienes físicos.En ese sentido, el proyecto crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, con entidades públicas y privadas conectadas a una base común y el BCRA como autoridad de aplicación. La inscripción tendrá efectos nacionales y la prioridad entre acreedores se determinará por el momento del registro. También podrán constituirse nuevas prendas sobre un mismo bien sin autorización del primer acreedor, respetando ese orden.El proyecto extiende a cualquier acreedor titular de un certificado prendario la posibilidad de solicitar judicialmente el secuestro del bien ante un incumplimiento, cuando esté previsto en el contrato. Para relaciones de consumo, contempla una citación previa al deudor para que ejerza su defensa.En el campo, se habilitan pagarés que prometan entregar bienes físicos, como granos, con cantidad, calidad, lugar y fecha definidos. Pagarés y letras de cambio podrán incorporar cláusulas de actualización basadas en índices o unidades de valor verificables. Además, se amplían los warrants a bienes en proceso de producción, se vuelve optativo el seguro y se flexibiliza su venta ante incumplimientos.La reducción de intermediarios alcanza a la factura de crédito electrónica pyme y a instrumentos como cheques diferidos, pagarés y warrants. Plataformas registradas ante el BCRA podrán cursar operaciones directamente a mercados autorizados por la CNV, sin intervención obligatoria de agentes bursátiles. Las Sociedades de Garantía Recíproca y el régimen de factura de crédito pasarán a tener al Central como autoridad de aplicación.Otras inversiones y planes de ahorroEn paralelo, se busca habilitar expresamente a fondos abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales, sujeto a la reglamentación de la CNV y a su política de inversión. Se eleva del 10% al 25% del capital el máximo legal de acciones propias que puede mantener una empresa.Otro capítulo desregula las sociedades de capitalización y ahorro, entre ellas las que ofrecen planes para comprar autos. Los nuevos contratos quedarán sujetos al Código Civil y Comercial y Defensa del Consumidor; los vigentes conservarán las condiciones generales aprobadas por la Inspección General de Justicia hasta su vencimiento, rescate o rescisión.Todo el paquete requiere aprobación del Congreso. En caso de aprobarse, el registro de garantías tendrá una implementación gradual: el BCRA dispondrá de 180 días desde la promulgación para reglamentarlo técnicamente y deberá alcanzar plena operatividad dentro de los 360 días. Hasta entonces seguirán los registros existentes y las garantías inscriptas conservarán su prioridad.Por Agustín Maza