Desde la cárcel de Ezeiza, Lázaro Báez continuó explotando bienes embargados y con pedidos de decomisos, según determinó la justicia federal de Río Gallegos. Ante la nueva imputación por lavado de dinero, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, realizaron una nueva presentación ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena del caso Vialidad donde se deben recuperar $ 685.000 millones, solicitando que se aparte al perito tasador que designó Cristina Kirchner por los vínculos con el empresario K, que surgen del nuevo entramado de blanqueo de activos.En el escrito presentado ante el TOF 2, Luciani y Mola realizaron cuatro pedidos concretos y uno de ellos se concentra en el perito tasador que designó Cristina Kirchner, condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la valuación de los bienes incluidos en el primer pedido de decomisos.Los fiscales están requiriendo a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que se intime al perito tasador Sergio Felipe Pejkovic, a declarar bajo juramento todos sus vínculos pasados y actuales con Lázaro Báez y su entorno. Junto con esto, se solicitó que, mientras se esclarece esa situación, se lo excluya de las inspecciones in situ y de la tasación de los bienes vinculados a Báez.Asimismo, se planteó la necesidad de que se notifique de estas irregularidades a los peritos oficiales de la Corte para que “informen si Pejkovic ya participó de recorridas o recibió documentación”.El pedido de apartamiento de Pejkovic se sustenta en un cruce de información realizado con la Unidad Fiscal de Río Gallegos, que reveló que el profesional propuesto el 15 de mayo de 2026 por la defensa de Cristina “mantiene lazos directos y actuales con Lázaro Báez”.Según detallan los fiscales en el escrito, al que accedió Clarín, el 29 de septiembre de 2026 el operador de confianza de Báez, Cristian Ibáñez, se “comunicó telefónicamente con Pejkovic para averiguar quién administraba y cobraba los alquileres de los departamentos del empresario en el edificio de calle Zapiola N° 55 en Río Gallegos”.De esa charla surgió que “Pejkovic identificó cuál era la unidad de Báez; que la Gendarmería se había presentado "con todos los papeles que eran de Lázaro" y que ellos habían presentado "todos los papeles".Además, el encargado del edificio declaró que la administración había estado a cargo de la inmobiliaria Patagonia, de la cual Pejkovic es titular.A esa administración inmobiliaria se suma un antecedente comercial directo con el conglomerado de Lázaro Báez: los fiscales acreditaron con documentación catastral que el 27 de marzo de 2007 Pejkovic le vendió a la firma Austral Construcciones un inmueble de 89.525,24 m² en Río Gallegos.Para la Fiscalía, esta “superposición de roles”, compromete gravemente la transparencia del proceso, ya que Pejkovic “actúa en este expediente a propuesta de otra de las personas condenadas (Cristina), quien se encuentra obligada a responder solidariamente por el monto a decomisar junto con Lázaro Báez”.En palabras de los acusadores, “la cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”.Finalmente, Luciani y Mola advierten que estos vínculos “denotan un posible conflicto de intereses que podría llegar a comprometer la objetividad que cabe exigirle cualquier experto que intervenga en un estudio de esta naturaleza, aun como perito de parte”.Los fiscales subrayan dos riesgos concretos para la ejecución de la sentencia: por un lado, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso junto a Cristina Kirchner y “cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho”.Además, consignaron, no puede omitirse que al haber solicitado la defensa que las tasaciones se realicen mediante recorridas presenciales, “el perito participaría de inspecciones in situ en inmuebles cuya administración y frutos son hoy objeto de investigación, lo que supone el riesgo cierto de que esa intervención sea utilizada para obtener información sobre las medidas en curso o para frustrarlas”.El vínculo del perito con BáezEl nexo quedó al descubierto tras una serie de allanamientos ordenados por la fiscalía federal de Río Gallegos en el marco de la investigación por el presunto lavado de activos y explotación ilegal de bienes decomisados que Báez dirigía desde el penal de Ezeiza.Al requisar las oficinas de la inmobiliaria de Pejkovic —cuya casilla de correo coincide con la informada ante el TOF 2—, los investigadores secuestraron una carpeta rotulada "Lázaro Báez y Cristian Ibáñez", en alusión al principal operador del empresario detenido.El cruce de información realizado por el fiscal Luciani reveló que la relación comercial y operativa entre el perito elegido por Cristina y el empresario condenado tiene raíces profundas y vigencia actual. Su inmobiliaria estuvo a cargo de la administración de departamentos del empresario en el edificio de la calle Zapiola 55. Además, en septiembre de 2026 mantuvo comunicaciones directas con el operador Cristian Ibáñez para brindar detalles sobre quién percibía actualmente los alquileres de esas unidades judicializadas.Para el Ministerio Público Fiscal, este entramado configura un “severo conflicto de intereses que compromete la objetividad exigida en el proceso de recupero de activos”. Dado que Cristina Kirchner y Lázaro Báez responden de manera solidaria por la multimillonaria condena, “la tasación que realice Pejkovic impactará de forma directa en el alcance de la ejecución patrimonial”.La queja por el retraso en la tasaciónA lo largo de la misma presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal cuestionaon la demora en la valuación de los inmuebles sujetos a decomiso.Consignaron que fue el propio tribunal el que, el 18 de noviembre de 2025, dispuso requerir al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte que, “con la premura del caso, informe el valor de mercado actualizado de cada uno de ellos, a los fines de su inmediata vinculación y aplicación al monto total del decomiso ordenado”.Pese a esa orden urgente de hace un año “luego confirmada por la Sala IV de Casación el 24 de abril de 2026, las valuaciones siguen sin concretarse”, indicó Luciani.Al repasar la cronología de la demora, la Fiscalía señala que tras los pedidos de precisiones formulados por los propios peritos oficiales, el tribunal fijó el 18 de mayo de 2026 las pautas de trabajo —documentación oficial, herramientas digitales e inspección ocular in situ cuando resulte necesario— y que el 1 de junio notificó formalmente al Cuerpo de Peritos Tasadores quiénes serían los peritos de parte intervinientes. Sin embargo, a “más de cinco meses de aquella notificación y a un año del requerimiento inicial, el Ministerio Público advierte la falta de novedades en el expediente”.Luciani y Mola recuerdan que ya habían solicitado el 21 de mayo pasado que, una vez iniciadas las tareas encomendadas, “se ponga en conocimiento de todas las partes acerca de cada uno de los avances que se vayan registrando”.Según enfatizan en el escrito, esa comunicación resulta indispensable “a los efectos de poder ejercer eficazmente el control de legalidad de esos actos y velar por el efectivo cumplimiento de la ley”, en resguardo del interés general de la sociedad.Por todo ello, ante el prolongado lapso transcurrido sin reportes oficiales sobre la marcha del peritaje, los fiscales reclaman una intimación directa: “en atención al tiempo transcurrido desde que el Tribunal hizo saber a los peritos oficiales quiénes serían los profesionales que intervenirían como peritos de parte; solicitamos que dicho cuerpo pericial informe en la causa el grado de avance alcanzado a la fecha respecto de las tasaciones dispuestas”.El pedido se vuelve aún más urgente porque, según advierte la Fiscalía en el mismo escrito, los bienes alcanzados por el decomiso “continúan sin ser ejecutados mientras se retrasa su valuación”.
El fiscal Luciani pidió que se aparte a un perito tasador que designó Cristina Kirchner por sus vínculos con Lázaro Báez
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