El fantasma del fraude, ¿asoma nuevamente en América latina?

Durante más de cuatro décadas, las democracias latinoamericanas parecieron avanzar hacia lo que los politólogos Juan Linz y Alfred Stepan definieron como la consolidación democrática: ese estadio en el que la democracia y sus elecciones se convierten en «the only game in town» (el único juego posible en la ciudad).Bajo esa premisa, las reglas del juego electoral no solo ordenaban la competencia, sino que constituían la única vía legítima para acceder al poder, aceptada de forma generalizada por gobiernos, oposiciones y ciudadanía.Hoy esa certeza se ha esfumado. En los últimos ciclos electorales de la región, la sospecha sobre el acto electoral ha dejado de ser una excepción marginal para convertirse en una estrategia política recurrente. Al cuestionar constantemente el arbitraje institucional y la integridad del sufragio, lo que se está desafiando no es solo al rival de turno, sino a la propia premisa de que las urnas son el único mecanismo válido para llegar al poder.Denunciar “fraude” dejó de ser solo una reacción de amargura tras una derrota ajustada; se convirtió en una herramienta previa y calculada. En muchos casos, las acusaciones se siembran semanas antes de la elección para preparar a la propia base frente a una eventual derrota o para cuestionar la legitimidad de origen de quien resulte electo.El ascenso de la narrativa del fraude encuentra terreno fértil en la polarización extrema, la baja confianza en las instituciones políticas y la amplificación inmediata de las redes sociales.El uso de esta narrativa atraviesa todo el espectro ideológico y adopta distintos matices según el país. Durante el proceso electoral de 2022 en Brasil, Jair Bolsonaro concentró su estrategia en cuestionar el sistema de urnas electrónicas brasileño —utilizado con éxito desde 1996—. A través de una campaña de desconfianza hacia la autoridad electoral, instaló la idea de una vulnerabilidad informática no demostrada.El resultado no fue solo el cuestionamiento de la victoria de Lula da Silva, sino la movilización social que derivó en la invasión a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia en enero de 2023. La extensión del horario de votación después del cierre del comicio en la segunda vuelta de 2026 contribuyó de manera significativa al cuestionamiento del resultado. Politización de la justicia y fraude se unieron en una sola oración.La narrativa ya no es exclusiva de las oposiciones perdedoras; se ha instalado en el centro del propio Poder Ejecutivo: tras los comicios presidenciales de 2026, el presidente Gustavo Petro calificó el proceso de “fraude electoral y algorítmico sistemático”, atacando a la Registraduría Nacional y al software de escrutinio. Al cuestionar la desaparición del “candado hash” y denunciar “oscuridad” en el conteo oficial de votos, Petro demostró cómo la máxima autoridad del Estado puede utilizar la retórica del fraude contra las propias instituciones que administra.En las elecciones generales de 2026 en Perú, la retórica del fraude volvió a paralizar el país. Primero fue el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga quien habló de un “tremendo fraude en marcha”, atacando a la ONPE ante fallas logísticas.Posteriormente, de cara al ballotage entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sectores de la izquierda denunciaron un “fraude en desarrollo” por cambios de reglas en el voto en el exterior y anunciaron la no entrega de reconocimiento a los resultados oficiales. Perú se convirtió así en el laboratorio donde ambos extremos ideológicos rechazan al árbitro electoral.En los comicios presidenciales de 2025, disputados principalmente entre Luis Arce y el candidato opositor Rodrigo Paz Pereira, el espectro del fraude volvió a marcar la contienda. Mientras la oposición acusaba al oficialismo de preparar un fraude desde el Estado para retener el poder, el Movimiento al Socialismo (MAS) retrucaba reviviendo el fantasma de 2019. La dinámica boliviana muestra cómo la sospecha se ha instalado de forma estructural, condicionando la validez de cualquier resultado.Para comprender el debate actual es indispensable trazar una frontera clara entre el uso político de la sospecha y la erosión efectiva de la democracia. El caso de Venezuela ilustra esta distinción: los cuestionamientos a sus procesos electorales no responden a campañas de desinformación ni a narrativas de perdedores descontentos, sino al incumplimiento sistemático de garantías elementales, la falta de publicación de actas auditables y el rechazo de la observación internacional independiente.El peligro de la proliferación de acusaciones sin evidencia radica, precisamente, en que anestesia a la opinión pública. Cuando la etiqueta de “fraude” se aplica de forma indiscriminada a cualquier sistema transparente, se vuelve más difícil identificar e indignarse frente a la verdadera manipulación institucional.Las elecciones en democracia cumplen una doble función indispensable: sirven para llegar al poder con legitimidad, pero también para entregarlo pacíficamente cuando las urnas lo determinan. Al minar el consentimiento del vencido y romper la premisa de las elecciones como «the only game in town», el sistema pierde su capacidad de encauzar el conflicto político.Sin reglas compartidas ni arbitrajes reconocidos, el rival deja de ser un competidor legítimo y la derrota deja de ser una opción aceptable. Este permanente cuestionamiento pone en riesgo el mayor logro institucional de América Latina desde sus transiciones democráticas: la certeza de que el destino del gobierno se decide a través del voto ciudadano.