El Atlántico Sur es una vía de inserción geoestratégica para la Argentina. Por sus rutas circulan productos agroindustriales y crecerán las exportaciones de gas, petróleo y minerales. Su valor económico se entrelaza con la soberanía, la protección ambiental y el Continuo Geoestratégico Austral, que enlaza el Cono Sur, la Antártida y los pasos interoceánicos. La Argentina debe formular una estrategia integral para ese espacio.Nuestra Nación suele tratar por separado la pesca, la plataforma continental, la presencia británica, la integración regional y la conservación, aunque todas remiten a la necesidad de conocer, ordenar y resguardar el Atlántico Sur. Storni entendió que los intereses marítimos articulan la producción, los transportes y los mercados, y requieren conocimiento, conciencia marítima y defensa. Volver la espalda al mar significa renunciar a una parte sustantiva del poder nacional y limitar su proyección.La soberanía marítima se ejerce en los planos funcional y cognitivo. Satélites, radares, sistemas no tripulados, campañas científicas, patrullaje y trazabilidad pesquera deben integrarse para detectar cambios, orientar operaciones y aplicar normas. La información reunida debe traducirse en decisiones oportunas.Los vínculos oceanográficos, climáticos, biológicos y de conectividad entre el Atlántico Sur y la Antártida exceden las fronteras jurídicas y exigen una política común de investigación y proyección austral.La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ocasiona pérdidas económicas y pone a prueba la autoridad estatal, el control marítimo y la protección de los ecosistemas. Las flotas en áreas adyacentes a la jurisdicción argentina compiten por recursos y acceden a zonas de alta productividad. Algunos patrones de navegación suscitan sospechas de relevamientos encubiertos del lecho marino por pseudo buques pesqueros extranjeros, orientados a obtener información sobre el subsuelo y sus recursos.La dimensión ambiental plantea otro desafío. Las áreas marinas protegidas y los regímenes de conservación son legítimos cuando se sustentan en criterios científicos y acuerdos amplios. Establecidos unilateralmente, pueden producir exclusión y alterar el uso de espacios sensibles. La Argentina debe alentar la conservación y evitar que esos instrumentos consoliden ventajas estratégicas ajenas.La plataforma continental muestra la necesidad de articular conocimiento, derechos y gestión. El trabajo científico y técnico argentino sustentó la presentación realizada en 2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.En 2016, la Comisión formuló recomendaciones que respaldaron el límite exterior propuesto en los sectores examinados y no sujetos a controversia. Como resultado, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nuestro país ejerce derechos soberanos sobre los recursos del lecho y el subsuelo de su plataforma continental, en una superficie reconocida que alcanza los 1.782.500 km², equivalente al 64 % de la superficie continental del país, con sectores que se extienden más allá de las 300 millas náuticas.La pérdida de capacidades navales exige recuperar medios y sostener políticas de largo plazo, más allá de las coyunturas presupuestarias. La Armada debe conducir la vigilancia del vasto sector mencionado en articulación con las capacidades espaciales, científicas y diplomáticas. Sin medios suficientes, la política exterior marítima carece de respaldo operativo.Malvinas condiciona estructuralmente al Atlántico Sur. La persistencia del enclave colonial permite a Londres incidir sobre los pasos interoceánicos, la pesca y la proyección antártica. El avance petrolero amplía la problemática y exige medidas argentinas que lo contrarresten. La invocación británica de la autodeterminación en Malvinas contrasta con los debates soberanistas en Escocia y Gales y con el principio de consentimiento en Irlanda del Norte.Aunque son procesos distintos, la comparación permite examinar la aplicación selectiva de esos principios. La Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización han caracterizado la cuestión como una situación colonial especial y particular, cuya solución requiere negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido. El enclave limita la autonomía regional y la articulación hemisférica del Atlántico Sur.En este marco, la relación de los países del Cono Sur requiere lucidez estratégica y diálogo franco. Ante iniciativas que puedan incidir sobre recursos sujetos a controversia, la claridad de las posiciones contribuirá a preservar la confianza y la estabilidad austral. El diálogo exige discernir sus consecuencias y evitar que los nacionalismos obstaculicen la cooperación.El entorno estratégico actual exige una perspectiva hemisférica integrada. La convergencia con los intereses estratégicos de Estados Unidos abre oportunidades para fortalecer la posición geoestratégica argentina y la del Cono Sur. Una lectura fragmentaria o la negación de ese contexto limitarían la capacidad regional para defender sus intereses y ampliar su gravitación.Líneas de acción sostenidas, que articule los esfuerzos públicos y privados y promueva una cooperación hemisférica basada en beneficios recíprocos, puede convertir la posición geoestratégica argentina en una fuente de influencia en el Atlántico Sur y dar sustento al ejercicio de nuestros derechos y a nuestra proyección.
El Atlántico Sur como espacio de acción estratégica
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