ROSARIO.– Cerca de las diez de la mañana del martes, mientras el sol asomaba con fuerza tras una intensa tormenta que había sacudido a Santa Fe durante la madrugada, dos hombres bajaron de un Honda Fit y entraron en una casa del barrio de Guadalupe, una zona residencial del norte de la capital provincial. Dentro de la residencia, estaban Luis Ojeda, de 48 años, y su sobrino Lucas, de 23. El hombre mayor le dijo a su pareja que se quedara arriba porque tenían que conversar con alguien. Minutos después, esta mujer escuchó los disparos; al bajar se encontró con una escena cruenta: ambos habían sido asesinados. El primero falleció de un disparo en la cabeza, mientras que su sobrino recibió una herida mortal en el tórax. Los sicarios se llevaron de la escena del crimen un bolso que contenía una suma importante de dólares, pero la principal hipótesis es que no se trató de un robo: la raíz del problema se centra en una trama narco. Luis Ojeda tenía antecedentes por narcotráfico y también estrechos contactos en Paraguay, de donde traía la cocaína. Según fuentes policiales, una de las pistas más firmes es que los asesinos serían de origen paraguayo y que llegaron a Santa Fe para cobrar una deuda que Ojeda no cumplió y que pagó con su vida. Guadalupe es un barrio residencial del norte de la ciudad de Santa Fe, de casas bajas y familias de clase media y alta, con poco movimiento a media mañana en un día hábil. No forma parte del mapa donde suele concentrarse la violencia ligada al narcomenudeo en la capital provincial. Por eso el doble crimen produjo inquietud: dos hombres ejecutados dentro de una casa, a plena luz del día, en una cuadra donde este tipo de hechos no es habitual. Lo que se sabe hasta ahora surge del relato de la pareja de Luis “Cachito” Ojeda, una mujer de 21 años que fue quien dio aviso a las autoridades. Según su testimonio, su pareja y su hijo habían recibido a dos personas en la casa. Antes de que ella ingresara al lugar donde estaban reunidos, él le advirtió: “No bajes, estoy con gente”. Poco después se escucharon los disparos. La mujer no vio a los agresores ni pudo aportar datos sobre ellos. Sí constató que faltaba dinero en dólares, aunque no supo precisar el monto. Un familiar sostuvo ante los investigadores que los atacantes se llevaron una importante cantidad de dólares y pesos. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) relevó la zona en busca de testigos, y la fiscalía ordenó secuestrar las imágenes de las cámaras públicas y privadas de las inmediaciones. No hay detenidos. l auto en el que habrían escapado los asesinos de Luis Eugenio Ojeda y de su hijo Lucas Lautaro apareció abandonado la noche del martes en Colastiné Norte, del otro lado de la laguna Setúbal, pocas horas después del doble crimen. Es un Volkswagen Gol Trend gris que estaba en un sector de pastizales, en Los Guayacanes y el pasaje 328, sin las chapas patente. Los policías lo identificaron por el grabado de los vidrios. Según vecinos de la zona, el Gol entró al lugar cerca del mediodía y poco después sus ocupantes subieron a otro vehículo, con vidrios polarizados, que los estaba esperando. Para los investigadores, ese segundo auto completó la fuga. La fiscal María Laura Urquiza ordenó el secuestro del Gol, que fue peritado por personal de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) en busca de huellas y otros rastros, y luego trasladado a la comisaría 28ª. Dentro del vehículo se encontraron las llaves. El hallazgo es, por ahora, el avance más concreto de la causa. Testigos y cámaras de seguridad de varias viviendas registraron un Volkswagen gris que circulaba por Guadalupe la mañana del martes, antes y después de los disparos. La fiscalía pidió las imágenes de las cámaras del 911 para reconstruir el recorrido del auto por la ciudad e intentar identificar a sus ocupantes. La hipótesis que predomina en la fiscalía es la del robo. Hasta ahora, los investigadores no han informado de ninguna relación entre el crimen y los antecedentes de la víctima, pero cada vez son más fuertes las sospechas de que se trató de un doble crimen narco. Procedimiento policial en el barrio Guadalupe, de Santa Fe, tras el doble crimen de Luis y Lucas OjedaDiario Uno SignosVarios elementos de la escena no encajan del todo con un asalto convencional. Las víctimas conocían o esperaban a las personas que entraron a la casa: las recibieron y estaban reunidas con ellas cuando empezaron los tiros. En la casa había una suma de dólares en efectivo que la familia consideró “importante”. Y los agresores no se limitaron a llevarse el dinero: mataron al dueño de casa y a su sobrino. Ese patrón —una reunión pactada, dinero en efectivo, ejecución de los presentes— aparece con frecuencia en los expedientes de crímenes vinculados al negocio de la droga, donde las deudas, los cargamentos perdidos o las disputas por el control de la venta se saldan con balas. El nombre de Ojeda no era desconocido para la Justicia Federal ni para la geografía narco santafesina. En 2021, cuando lo detuvieron, Ojeda era carnicero en el barrio Villa del Parque, en el norte de la ciudad. Para la Gendarmería Nacional era algo más: el presunto jefe de una organización dedicada al fraccionamiento, la distribución y la administración de puntos de venta barriales de cocaína y marihuana. El 11 de abril de 2021, la policía allanó una casa de Padre Catena al 4200; mientras investigaba un robo en una clínica de nefrología, encontró medio kilo de cocaína, marihuana, armas de fuego y municiones. Ojeda estaba en la vivienda, pero no quedó detenido: en ese momento se consideró que la droga era para consumo personal, una cantidad bastante elevada, teniendo en cuenta que además tenía armas. El expediente arrancó con un parte de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y luego pasó a manos de la Gendarmería. El análisis de un teléfono que usaba Ojeda cambió la lectura del caso. Los mensajes daban cuenta de la venta de droga y de al menos tres maniobras de “pasamanos” entre 2020 y 2021. Según el informe de la fuerza federal, Ojeda también mantendría vínculos con sectores de las fuerzas de seguridad para garantizar el negocio, lo que explicaba muchas cosas. “Posiblemente contaba con el aval de miembros de alguna fuerza de seguridad”, señaló la investigación, pero esa sospecha nunca fue probada. El 5 de junio de 2021, la Gendarmería realizó cuatro allanamientos simultáneos en Villa del Parque y otros procedimientos en Rafaela, en una causa conexa que tramitaba la fiscalía federal de esa ciudad. Ojeda fue detenido junto con tres mujeres. Le secuestraron 46,6 gramos de cocaína, 245,9 gramos de marihuana, 73 plantas de Cannabis sativa, 265.188 pesos en efectivo, 11 celulares y una tablet. Al informar sobre el operativo, el gobierno nacional presentó la investigación como la desarticulación de un punto de distribución con “posibles conexiones con proveedores de la República del Paraguay”. Los investigadores sospechaban que la cocaína y la marihuana que vendía la banda llegaban desde ese país. No era una hipótesis exótica, porque la capital santafesina es una escala en la ruta por la que la marihuana paraguaya baja hacia Rosario y Buenos Aires, tanto por las rutas nacionales como por el corredor del Paraná. Las redes que abastecen el narcomenudeo de los barrios de Santa Fe se nutren, en buena medida, de esos cargamentos. Esa conexión, sin embargo, no quedó acreditada en el expediente. El 29 de junio de 2021, y por pedido del fiscal Gustavo Onel, el juez federal Reinaldo Rodríguez —quien luego renunció— procesó a Ojeda por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, le dictó la prisión preventiva y le trabó un embargo de 250.000 pesos. También procesó a Lucrecia Bravo, una mujer que, según la investigación, vendía droga para él. El juez le atribuyó a Ojeda ser el dueño del medio kilo de cocaína hallado en abril. El 2 de julio de 2024, Ojeda obtuvo la libertad condicional y desde entonces su nombre no había vuelto a aparecer en causas públicas, al menos hasta este martes.El doble crimen ocurre en un año en el que los homicidios en la provincia tocaron su nivel más bajo en más de una década. Según el último informe acumulado del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) —el organismo que integran el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA—, entre enero y septiembre de 2026 hubo 120 víctimas de homicidio en Santa Fe. Es la cifra más baja en ese período desde 2014, cuando comenzó la serie estadística. En el departamento Rosario se registraron 66 homicidios, un 22,3% menos que en los primeros nueve meses de 2025. En el departamento La Capital, que incluye a la ciudad de Santa Fe, hubo 30 víctimas, un 11,8% menos. En todo 2025, la provincia había cerrado con 210 homicidios. Los datos del OSP muestran, sin embargo, un rasgo propio de la ciudad de Santa Fe. En La Capital, más de ocho de cada diez homicidios se cometieron con armas de fuego, la proporción más alta desde 2014. En Rosario, en cambio, las muertes por disparos cayeron a su menor nivel de la serie. El lugar del crimen también marca una diferencia. En la ciudad de Santa Fe, el 76,7% de las víctimas murieron en la vía pública y solo dos de cada diez en domicilios particulares. El asesinato de Ojeda y de su hijo, dentro de una casa de un barrio residencial, pertenece a esa minoría. Los dos nombres todavía no figuran en las estadísticas oficiales: se sumarán al informe de noviembre. Mientras tanto, la fiscal Urquiza espera el resultado de las autopsias y el análisis de las cámaras de la zona, que pueden mostrar cuántas personas entraron a la casa de la calle Ayacucho y en qué dirección se fueron. Esas imágenes serán clave para determinar si el crimen fue el colofón de un robo o el cierre violento de una cuenta pendiente en el negocio de la droga. Por Germán de los Santos
Doble crimen en Santa Fe: la hipótesis de los sicarios paraguayos detrás de los asesinatos de “Cachito” y su sobrino
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