Despidieron a un empleado por usar el auto de la empresa el fin de semana y ahora deberán pagarle 77.000 euros

En el sur de Francia ocurrió una situación poco habitual en el ámbito laboral.Una empresa detectó una irregularidad que involucraba a un empleado y a un automóvil de su pertenencia.Ante esto, decidió tomar una drástica decisión, pero la Justicia se metió en el problema y cambió el curso de los acontecimientos.Cómo se descubrió el hechoUn hombre de 58 años fue despedido por utilizar de forma habitual el auto de servicio del banco francés en el que trabajaba para desplazamientos personales durante fines de semana, festivos y vacaciones.La infracción que encendió las alarmas en la compañía fue un exceso de velocidad de dicho coche, detectado en un día no laborable en una ruta de Occitania (Francia).Al recibir la notificación, la empresa abrió una investigación interna y, mediante la revisión de los registros de telepeaje, tickets de combustible y de estacionamiento, descubrió un patrón de uso privado que iba mucho más allá de un despiste puntual: más de un centenar de pasos por peajes durante sábados, domingos, jornadas festivas y períodos vacacionales.El banco interpretó estos hechos como una falta grave y procedió al despido disciplinario de su empleado.El fallo judicial que dio la razón al empleadoEl trabajador no negó el uso extralaboral del automóvil, pero decidió ir a la Justicia para alegar, en su defensa, que la empresa conocía esta utilización y la toleraba desde hacía años, y que incluso existía una autorización verbal que lo amparaba.La entidad, por el contrario, esgrimió una carta fechada en 2012 en la que ya se le comunicaba por escrito que el coche asignado era un vehículo de servicio, destinado exclusivamente a desplazamientos profesionales y al trayecto entre el domicilio y la oficina, y no un vehículo de función, que sí constituye un beneficio en especie integrado en la retribución y permite el uso particular.Finalmente, el caso llegó a la Corte de Apelación de Toulouse, que reconoció que el empleado infringió las normas internas y que la empresa tenía motivos para sancionarlo.Sin embargo, este tribunal determinó que la gravedad de la conducta no alcanzaba el umbral que el derecho laboral francés exige para un despido por falta grave, aquel que impide la continuidad del contrato y priva al trabajador de cualquier indemnización.Los jueces valoraron la antigüedad de 22 años del empleado, su categoría profesional y la ausencia de antecedentes disciplinarios firmes, y concluyeron que su permanencia en la empresa era todavía posible pese a los incumplimientos detectados.El fallo no anuló el despido, pero lo degradó de categoría: en lugar de una falta grave, lo consideró un despido por causa real y seria.La diferencia práctica es clave. Mientras que la primera figura jurídica deja al trabajador sin derecho a compensación alguna, la segunda le permite acceder a las indemnizaciones legales por despido, al abono del preaviso no cumplido y a los salarios que dejó de percibir durante la suspensión cautelar de empleo y sueldo.Por todo esto, el banco deberá abonar una suma total de 76.930 euros a su antiguo empleado.