“Como amigos, vamos a hablarlo en privado”: Nicolás Pino dijo que conversará con Carlos Castagnani por una polémica abierta entre la Rural y CRA

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió a la polémica abierta con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) luego de que esa entidad enviara una carta para pedir explicaciones por las declaraciones de Andrés Costamagna, director general y referente del área de sostenibilidad, que había acusado a CRA de “desinformar” y “comunicar erróneamente” sobre las exigencias ambientales de la Unión Europea y una plataforma de trazabilidad. Consultado por LA NACION sobre si responderá la nota, Pino explicó que mantiene una relación de amistad con el titular de CRA, Carlos Castagnani, y que hablarán del tema en privado. “Como amigos que somos, vamos a hablarlo en el ámbito privado”, señaló. Además, defendió la posición de la Rural sobre las condiciones que deben cumplir los productores para vender a Europa, aunque aclaró que cada persona tiene su propia manera de expresarse.El conflicto comenzó después de que Costamagna cuestionara públicamente a CRA por su posición frente a Visec, la plataforma que permite acreditar el cumplimiento de las exigencias europeas contra la deforestación. En una entrevista con Canal Rural, el dirigente acusó a la entidad, como se mencionó, de “desinformar” y “comunicar erróneamente” y vinculó su postura con la discusión por la resolución 125 de retenciones móviles, que en 2008 provocó un fuerte enfrentamiento entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner.Las declaraciones provocaron una respuesta de CRA. En una carta dirigida a Pino, firmada por Castagnani y el secretario de la entidad, Adrián Luna Vázquez, la organización cuestionó los dichos de Costamagna y pidió que la Rural aclarara si representaban su posición institucional o si se trataba de opiniones personales. También solicitó una rectificación pública en caso de que la SRA no compartiera esas expresiones.Carlos Castagnani (CRA), presidente de CRANicolás Suárez Ante LA NACION, Pino defendió la posición de la Sociedad Rural sobre las exigencias de la Unión Europea y recordó que la entidad ya había manifestado sus diferencias con esas condiciones. “Las instituciones tienen su independencia. La Rural está diciendo esto desde el día que vino la 1115. De hecho, tuvimos una diferencia con el embajador acá durante una exposición”, señaló, en referencia a la normativa europea contra la deforestación.En ese sentido, explicó que, más allá de las diferencias con la Unión Europea, los productores deben conocer las condiciones que exige ese mercado. “Hay un mercado, hay un cliente que te pone esta condición. Si vos le querés vender, bien; si no le querés vender, no le vendés. Ahora, el diferencial de precio va a existir”, expresó. Y agregó: “¿Qué te recomiendo? Metete, punto”.Sobre las declaraciones de Costamagna, Pino sostuvo que el dirigente expresó la posición de la Rural respecto de las exigencias de la Unión Europea. “Costamagna expresó lo que dice la Rural, lo que piensa la Rural en los puntos de este tema, en desacuerdo con la UE, pero entendiendo que me ponen esa condición”, señaló. Y agregó: “Después, las personas nos expresamos de diferentes maneras”.Andrés Costamagna había criticado a CRALa discusión se produjo en medio de quejas por Visec. La plataforma permite acreditar que la producción destinada a Europa cumple con las condiciones del reglamento antideforestación, cuya entrada en vigor está prevista para enero próximo. La inscripción en Visec no es obligatoria, pero quienes quieran vender a ese mercado deberán demostrar que cumplen con las exigencias europeas.En los últimos días, CRA había advertido sobre descuentos de hasta el 10% en el precio de la hacienda de productores que todavía no estaban incorporados a un sistema de trazabilidad. A esto se sumaron las demoras por la gran cantidad de solicitudes de inscripción, una situación que también reconoció Costamagna. El dirigente explicó que la plataforma había sido pensada para recibir 500 productores por día y que, aunque llegó a soportar hasta 2000, la demanda de entre 8000 y 12.000 solicitudes diarias generó dificultades para su funcionamiento.Por Pilar Vazquez