Hay una situación curiosa, pero que se explica dentro del llamado “caso relativo a la explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico Sudoccidental. Argentina contra el Reino Unido. Medidas provisionales”, por el cual Buenos Aires le está pidiendo al Tribunal Internacional del Mar que ordene una cautelar a Londres para que frene sus actividades petrolíferas en las Islas Malvinas.Esa situación curiosa es el hecho de que Gran Bretaña pidió al Tribunal que una parte de lo leído en las audiencias no esté fácilmente accesible al público. Entre esos datos aparecen como no disponibles para leer las recientes amenazas, incluso de cárcel, de sanciones penales y multas que le hizo el gobierno de Javier Milei a Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration. Tampoco se pueden leer fácilmente las notas intimidatorias y de desaliento que también se enviaron al Standard Chartered Bank, que es la principal entidad financiera de las disputadas Malvinas. Esta información acaba de publicarla el diario The Guardian que recogieron la información del Tribunal en Hamburgo donde les entregaron en persona los materialesClarín se comunicó con la oficina de prensa del Tribunal, confirmaron la existencia de esos documentos y ofrecieron la posibilidad de acceso de los documentos pero de manera presencial.A diferencia de los informes británicos, los materiales sobre la presentación argentina sí se pueden leer. Allí figuran las presentaciones del letrado argentino Marcelo Kohen, del embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería argentina, y del representante por Argentina de origen neerlandés Nico Schrijver están disponibles. También las de la delegación británica, pero no los testimonios y documentos con las amenazas.El hecho de que el material presentado por Gran Bretaña no esté disponible para la consulta pública demuestra para los analistas consultados que Londres puede tener temor al éxito argentino en causar inestabilidad jurídica al avance unilateral sobre las islas en disputa.El periodista de The Guardian Daniel Boffey detalló las acciones gracias a su viaje a Hamburgo: “Todavía el 1 de septiembre de 2026, Argentina me escribió personalmente a mí y al director financiero de Rockhopper, amenazándonos con acciones penales, penas de prisión y multas en virtud de su legislación nacional”, afirmó Moody, según los documentos a los que accedió The Guardian.“También quiero que el tribunal tenga conocimiento de que, al igual que otras personas, estoy asumiendo cierto riesgo personal al preparar esta declaración, dado que he sido reiteradamente amenazado con acciones penales y con una pena de prisión en Argentina”, escribió Moody, que enumeró una serie de otras medidas adoptadas por Buenos Aires y que, reconoció, están dificultando cada vez más el financiamiento de Sea Lion. Entre ellas, contó el periodista de The Guardian, mencionó la prohibición impuesta a Navitas para operar en Argentina durante 20 años.En otra parte del escrito se informó que funcionarios argentinos -posiblemente desde la Cancillería, que es la que centraliza el caso-le escribieron al Standard Chartered Bank, con una sucursal en Puerto Stanley/Puerto Argentino, instándolo a “abstenerse de participar en el desarrollo de proyectos de petróleo y gas en las Islas Malvinas para evitar quedar comprendido en los términos de determinada legislación nacional argentina”.Otro aspecto relevante es que Navitas y Rockhopper no quisieron identificar a sus socios comerciales en los documentos judiciales por temor a represalias argentinas.“Los nombres de los contratistas contratados por Navitas UK fueron omitidos para preservar su confidencialidad, teniendo en cuenta el escrutinio permanente de las autoridades argentinas y sus continuos esfuerzos por frustrar el proyecto, incluso mediante supuestas acciones dirigidas contra contratistas y socios involucrados”, señaló Ian Ramsay, director ejecutivo de Navitas Petroleum Development and Production.En ese marco, Rockhopper le comunicó a su operador del proyecto Sea Lion que “se están tomando medidas para sustituir a los contratistas que se negaron a trabajar en el proyecto de las Islas Malvinas ante las amenazas de sanciones argentinas, aunque actualmente no se prevé ningún impacto significativo en el calendario del proyecto”.También informaron que Navitas Petroleum, socio mayoritario del proyecto (65% esta y 35% la británica), informó en sus estados financieros del tercer trimestre "que se encuentra en una etapa avanzada del proceso de reemplazo de contratistas que incumplieron sus obligaciones". Dichas empresas habían indicado que no realizarían trabajos en el proyecto debido a las amenazas de sanciones por parte de Argentina. Navitas afirmó que realizaría ajustes adicionales al desarrollo si fuera necesario, según recuerda Yahoo Finanzas.Tal como publicó Clarín, citando también información de The Guardian, el Gobierno y la Justicia de Argentina están avanzando en un endurecimiento muy fuerte sobre todas las actividades en las islas, lo que llevó al gobierno de Andy Burnham a pedir a Interpol garantías internacionales de que no habrá alertas rojas —pedidos de captura internacional— contra personas consideradas “criminales” por Argentina por sus vínculos con actividades en las Malvinas.
Causa Malvinas: el Gobierno advirtió por escrito a los directivos de las petroleras británicas de las sanciones penales
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